JUAN CARLOS LAYTON
LA PATRIA | MANIZALES
"Si nos toca promover una movilización ciudadana la vamos a liderar, además vamos a insistir ante la Agencia Nacional de Minería (ANM) porque un lugar tan atractivo turísticamente y tan sano no se puede acabar".
El llamado lo hizo el Concejo Municipal de Villamaría, luego de la sesión que se efectuó el pasado viernes, en la que se trató el efecto de la exploración minera que se inició hace unos cuatro meses en la Comunidad Manantiales, en la vereda Gallinazo.
A pesar de que la misma comunidad reconoce que aún no hay una explotación, el malestar persiste, ante los avances de este proyecto y del montaje de equipos como remoledores y un tanque de tratamiento para procesar el material extraído.
Aunque la secretaria de Gobierno de Villamaría, Ángelica María Giraldo Naranjo, se comprometió hace un mes con suspender cualquier actividad, mientras se estudia su impacto, el temor radica en que existe un documento nacional de la ANM que avala el proceso de exploración y explotación.
Según el concepto, los mineros deben abstenerse de utilizar maquinaria pesada, pero al estar en un proceso de legalización, están facultados para la explotación en el área solicitada, con minería tradicional o artesanal.
A ello se aferran los mineros solicitantes, entre quienes se incluyen Orlando Londoño Grajales y Gabriel Sánchez Clavijo y su apoderado, Jhon Correa. Insisten en que la región no tiene competencia para impedir este proceso.
El Concejo asegura que hay una serie de vacíos jurídicos que se tienen que resolver, pero que harán todo lo necesario para frenar esta actividad que no solo impactará el medio ambiente, sino que cambiará el enfoque turístico de la zona.
Reclamo
"Lo que se ha hecho es suspender la explotación, pero no la exploración, hecho que es preocupante. De ahí el interés de acompañar la comunidad y dirigirnos a las entidades competentes para que se frene este proceso del todo", insistió el presidente del Concejo Municipal de Villamaría, Rubén Darío Zuluaga Ramírez, del Partido de La U.
José Heliberto Arias Jaramillo, presidente de la Comisión del Plan en el Concejo municipal, del partido Opción Ciudadana, también reclama que muchos procesos se han efectuado sin contar con la administración. "Desde el Concejo respaldamos el clamor de la comunidad para que se suspenda la explotación minera y se tomen medidas contundentes que frenen estas acciones de una vez por todas".
Con todas las normas
Jhon Correa, apoderado de los mineros, sostiene que suspendieron cualquier actividad con el fin de respetar la comunidad y adelantar un proceso con todas las normas legales, y acatando todas las exigencias que les pidan. "No porque tengamos que suspenderlo de manera obligada, sino porque estamos dentro del marco de la Ley, pero nosotros no podemos actuar bajo las vías legales y la comunidad bajo las vías de hecho," aseguró.
También sostuvo que la región podría cometer prevaricato si impide estas actividades y se afecta el debido proceso.
Luis Felipe Flórez Galvis, representante de la Junta de Acción Comunal, sostiene que lo más importante por ahora es la acogida que les dio el Concejo, y la decisión de adelantar los procesos legales. Entre ellos, la entrega de un documento con 400 firmas en el que se demuestra el rechazo a esta actividad, considerada como ilegal. "No tiene los soportes jurídicos, ni los permisos de Ley para tal fin".
Ana Lucía Muñoz, auxiliar de enfermería en Gallinazo y miembro junta de Acción Comunal, duda de los beneficios de la minería, por lo que insiste en que la tarea es tomar todas las acciones legales para que este proyecto minero no los trasnoche más.
¿Cuáles son las decisiones que piensan tomar?
* Rubén Darío Zuluaga Ramírez, presidente del Concejo, La U: Hay vacíos jurídicos en estos procesos, pero hay casos como el de Santurbán en Bucaramanga donde la comunidad frenó la exploración. Si es la instancia, lo vamos a hacer.
* José Heliberto Arias Jaramillo, Opción Ciudadana: El Concejo es el que determina el uso del suelo, y por eso vamos a elevar una solicitud ante todas las instancias con el fin de garantizar el bienestar de los habitantes del sector.
* Álvaro Andrés Muñoz, concejal MIRA: Las autoridades locales a veces quedamos impotentes para frenar o impedir este tipo de procesos, pero el objetivo es respaldar a la comunidad y llamar la atención departamental y nacional.
* Jorge Enrique Montes de La Pava, conservador sierrista: Nuestra obligación es apoyar la comunidad y evitar que esta
explotación se haga efectiva, pues es claro que nos van contaminar y afectar nuestros recursos naturales.
* José Miguel González, Cambio Radical: El Gobierno a veces quiere imponer unas políticas y leyes que desautorizan el manejo del territorio municipal. Por eso haremos todo lo necesario para apoyar la comunidad.
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