LA PATRIA | MANIZALES
Un llamado hizo el Comité Intergremial de Caldas (CIC) tanto al Gobierno nacional como al departamental y al municipal, frente al riesgo de que se afecte el desarrollo empresarial ante la falta de reglas claras que podrían alejar la inversión del país.
En el comunicado, el gremio resaltó la serie de hechos que se han presentado y que generan preocupación y confusión para el sector productivo. Incluyeron el efecto de la Reforma Tributaria, las Normas Internacionales Financieras (NIIF), el debate de las horas extras y los requerimientos de las entidades encargadas de supervisar y controlar las actuaciones empresariales, que calificaron como desmedidos.
"Obras de infraestructura suspendidas, revocatoria de permisos y licencias ya otorgadas, el fallo de Promigás (ver recuadro), son claros ejemplos de falta de reglas claras, puntos que son verdaderamente desbordantes, no sólo para la inversión extranjera, sino también para los empresarios locales", dice el informe.
De acuerdo con la directora del CIC, Carmela Aristizábal, la carta firmada por los 20 gremios y empresas de la región se hizo teniendo en cuenta que esa cantidad de normas y cambios afectan el ambiente empresarial y hacen que las empresas tengan que estar dedicadas a todo, menos a producir.
En Caldas
Aunque la carta aclara que en Manizales y Caldas en general se ha contado con marcos claros para el desarrollo de los negocios, lo que genera una ventaja competitiva, también insisten en que se mantengan estas actuaciones y se fortalezca la seguridad jurídica.
Pese a ello, similar al llamado que hizo recientemente Camacol en el cabildo abierto que organizó el Concejo de Manizales sobre el POT, el gremio insistió en que se genera inestabilidad jurídica cuando se desconocen normas preestablecidas, en discusiones sobre la ladera del Batallón y del plan parcial La Aurora.
Al final de la carta dicen: "los gremios del Departamento y afiliados al Comité Intergremial de Caldas queremos invitar a las diferentes instituciones a continuar con las conversaciones necesarias, sobre bases técnicas, donde se garanticen los derechos fundamentales, se priorice la convivencia ciudadana y se protejan bases sólidas para el desarrollo de un territorio ambientalmente sostenible y competitivo".
El fallo de Promigás
La firma, considerada como uno de los gigantes del sector del gas natural, fue condenada en segunda instancia para que respondiera solidariamente en la reparación a las víctimas de un atentado de la guerrilla. La polémica decisión que extendió a los operadores privados este tipo responsabilidades sobre el control del orden público tuvo que ver con los hechos del 21 de octubre del 2001, cuando guerrilleros de las Farc volaron el gasoducto Ballenas-Barranquilla, en la vía Riohacha-Maicao.
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