ANDRÉS VILLAMIZAR- JUAN CARLOS LAYTON

LA PATRIA | MANIZALES

"Quedamos muy afectados con el fallo. Aquí en este sector generamos 84 empleos. Antes de que llegáramos esto era solo e inseguro. Ahora no sabemos qué vamos a hacer. No solo se tata de sacarnos y ya, hay que buscar una solución, para no dejar a nadie sin trabajo".

El llamado de atención es de Janeth Padilla, conocida como "la chapolera", la primera comerciante que se instaló en el conocido mirador de Chipre hace unos 6 años, según recuerda. Luego llegaron más camiones de comida.

Ahora ella, junto con 14 camiones más o foodtruck quedaron en veremos, producto de un fallo.

El Tribunal Administrativo de Caldas ordenó a la Alcaldía de Manizales "garantizar que las zonas de parqueo o bahía contigua al monumento de Los Colonizadores pueda ser utilizada por cualquier ciudadano o vehículo".

Eso incluye, mantener las zonas dispuestas para el tránsito vehicular libres de mobiliario, de vehículos y de tráiler, entre otros, que se estacionen de forma permanente para el aprovechamiento económico del espacio público.

Asimismo, le ordenó a la Administración garantizar la movilidad de transeúntes por los senderos peatonales y realizar un estudio técnico para identificar la conveniencia de instalar baños públicos sobre la Avenida 12 de Octubre.

Para ello le dio un plazo a la Alcaldía de seis meses para cumplir los controles y 8 para realizar el estudio técnico.

El demandante

La decisión se tomó, ante la demanda que presentó el ciudadano Enrique Arbeláez Mutis, conocido por interponer varias acciones legales en la ciudad (Ver ¿Quién es?).

En este caso, también, demandó para defender los intereses colectivos frente al espacio público, dice él, "porque son bahías que son para estacionar carros y no negocios".

El ciudadano argumentó ayer, en el Informativo del mediodía de LA PATRIA RADIO, que no es un enemigo del derecho al trabajo, sino que estas personas no tienen ningún permiso para laborar en el lugar. Igualmente sugirió que este tipo de problemas se deben solucionar por medio del diálogo, entre la Alcaldía y los comerciantes de remolques.

Los vendedores

Los vendedores lamentaron el fallo, pues según Luis Felipe Galvis, dueño del remolque Solo Raíces, ellos recuperaron el lugar, un espacio que antes era frecuentado por expendedores y consumidores de drogas. Por eso, resalta, fueron acogidos por las personas que acuden al lugar para pasar un buen rato y tomar o comer algo en familia.

"Nosotros necesitamos reunirnos con el Alcalde y solucionar el problema. Estamos dispuestos a pagar cerca de $600 mil mensuales por el alquiler del lugar, y trabajar para mejorar el turismo", aseguró.

La Alcaldía

Ayer se esperaba una respuesta oficial desde la Alcaldía. Sin embargo, el secretario de Planeación, Daniel Quiceno, anticipó que de entrada no les queda otra medida, sino la de acatar la decisión ya que es un fallo en segunda instancia, motivo por el cual no hay más recursos ordinarios.

Explicó que, por ahora, el objetivo es organizar y revisar los trámites administrativos durante estos seis meses, con el fin de acatar la medida, pero garantizando el derecho de los ciudadanos.

También insistió en que se debe hacer una diferenciación, pues no se trata de mover todos los establecimientos, sino los que están sobre la vía pública, como los conocidos foodtrucks.

Por otro lado, el secretario del Medio Ambiente, Carlomán Londoño, sostuvo que están revisando la medida y que saldrá una comunicado oficial al respecto. Al cierre de esta edición no se conocía. Pese a ello, aclaró que no se trató de una decisión de la Alcaldía, sino de un fallo judicial por la acción popular de Arbeláez Mutis.

Por ahora, los comerciantes esperan saborear un buen acuerdo y que haya decisiones efectivas con la Alcaldía de Manizales, durante estos seis meses que les dio el fallo.

Contra LA PTAR

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Manizales también admitió en enero una medida cautelar que presentó el mismo ciudadano Enrique Arbeláez Mutis contra el Municipio de Manizales, Aguas de Manizales, Municipio de Villamaría y Aquamaná, por el proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

Según Arbeláez Mutis, su motivación, en este caso, se centró en las dudas con el contratista mexicano Fypasa, firma que realizará el proyecto, pero que es cuestionado internacionalmente. También se quejó por el sitio donde se piensa construir el proyecto y que no recogería las aguas residuales de Villamaría, además de que nunca se consultó al municipio vecino, por lo que se incumple el compromiso de beneficiar a las dos regiones, sostuvo.

¿Quien es?

El demandante Enrique Arbeláez Mutis, es la misma persona que presentó una acción popular contra el Cable de los Yarumos, debido a que se trató de una obra que estaba parada y amenazaba riesgo para los ciudadanos. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Caldas le ordenó en el 2018 a la Asociación Cable Aéreo Manizales, como administrador del Cable a Los Yarumos, desmontar el cableado de dicha estructura, parada desde el 30 de agosto del 2012 y en espera de una solución técnica. Antes de esa fecha, también dejó de prestar el servicio en otras tres ocasiones.

Arbeláez también presentó una acción contra el alumbrado público de la Doble Calzada Manizales - Chinchiná, debido a la inseguridad y la cantidad de bombillas sin iluminación.

También se suma una acción contra el Parque de las Flores de Villamaría, por su abandono, proceso que continúa. Además contra la Casa Consistorial en este mismo municipio, obra que amenazó ruina. La demolieron, pero deben construir una vivienda similar a la antigua. Igualmente presentó una acción en favor de la Juan XXIII, declarada inicialmente en ruinas. Hoy se califica como futuro Centro Cultural de Manizales. Es de sus casos más viejos, pues cumple cerca de 11 años con este proceso.