JUAN CARLOS LAYTON
LA PATRIA | MANIZALES

"Lo importante es que no vayan a coger el mismo estudio y lo traten de arreglar. Eso ya no tiene forma de mejorarlo, lo que se necesita es iniciar un nuevo proceso, con un estudio serio y de fondo y, lo más importante, que primero lo socialicen y no lo vayan a sacar de la manga como el anterior".

El comentario es de Jorge Mejía Arango, exsecretario de Obras Públicas y miembro de Junta de Camacol, luego de conocer la decisión de la Secretaría de Planeación de revocar por acto administrativo el cobro de plusvalía en la ciudad.

En sus consideraciones, en la resolución 076 del 2022, la Secretaría reconoce que el actual contenido, entregado por el contratista Jorge Eliécer Gaitán, no refleja los valores reales por concepto de liquidación de plusvalía, ni se encuentra ajustada a los postulados normativos que regulan la materia. "Es claro que para esta Secretaría que el ejercicio allí realizado no cumple con la finalidad prevista en su objeto". Por el contrario, dice, "se presta para generar confusiones en los ciudadanos beneficiados con dicha participación, por cuanto los criterios tenidos en cuenta para calcular y liquidar esa participación no son claros ni comprensibles para el titular del predio beneficiado...".

A volverla a hacer
De acuerdo con el secretario de Planeación, Daniel Quiceno, el objetivo es tratar de sanear este proceso, ante las falencias que plantearon varios usuarios en diferentes recursos de reposición, debido a la falta de varios aspectos técnicos. "Por eso, a mi modo de ver, cuando hago el análisis, considero que efectivamente se hace necesario retrotraer la actuación administrativa para volver a expedir la liquidación y hacerlo en debida forma", sostuvo.

El interés, sostuvo, es asumir esta realidad en esta administración, pues en su concepto es necesario tanto para el municipio, como para el desarrollo constructivo y la economía de la ciudad. Por ello, su meta es volver a acudir al Concejo para tener las facultades que les permitan reglamentar y subsanar los aspectos que se tienen que cambiar.

Sin embargo, por ahora se están volviendo hacer las mesas de trabajo y revisando el estudio, para hacer la liquidación. "Lo que haya que corregir se corrige y si vamos hacer las cosas, las vamos a hacer bien", aseguró.

Inicio y frenos
El cobro de la plusvalía es un impuesto que grava el aumento de valor de un inmueble durante los años de posesión.

El malestar en la ciudad es que si alguien vende un lote para un mayor aprovechamiento del suelo, se hace un traspaso de rural a urbano o incluso si se recibe alguna herencia, por ejemplo, el lote se valorizaba más de lo que antes costaba. El problema es que con ese nuevo valor, el propietario tendría que pagar el 50% de lo que se valorizó, por lo que si el predio cuesta $800 millones más, el pago del impuesto sería de $400 millones.

Unido a ello, la queja de varios usuarios es que el estudio estuvo mal hecho, con una serie de supuestos como que todos los lotes son urbanizables, sin tener en cuenta la topografía de esta región.

Esto ha hecho que solo en esta administración se haya frenado dos veces. Aunque en julio del 2020 se optó por aplazar la decisión, para hacer una revisión y un proceso de socialización, en mayo del se inició el nuevo proceso.

Dos años y nada
César Augusto Díaz Zapata, concejal del Partido Liberal, sostuvo que primero habrá que mirar los alcances jurídicos, aunque celebró que por fin se tome esta decisión, después de 30 meses de retraso.

También se preguntó si van a definir los predios con el mismo estudio de Jorge Eliécer Gaitán o van contratar otro informe, con lo cual esa primera contratación representaría un detrimento patrimonial.

Además cuestionó que con la actualización catastral que están haciendo en el sector rural se cambiará el valor del metro cuadrado, por lo que tendrían que sacar otro estudio socieconómico en los predios que tienen efecto de plusvalía.  

El corporado también reclamó que no entiende el porqué la Alcaldía empezó de nuevo a notificar el cobro de plusvalía el año pasado, teniendo en cuenta que en el 2020 lo habían parado.

Por ahora, el proceso vuelve y se frena, pues según la misma Alcaldía, las personas no cuenta con los elementos necesarios para identificar con certeza de dónde surgen los valores y el porqué el monto total, lo que le impide cuestionarlos y, de paso, se afectan sus derechos, dice en su resolución.

La mejor decisión

El abogado Lorenzo Calderón Jaramillo sostuvo que la mejor decisión que pudo tomar el municipio es la revocatoria directa. "Para mí que estudié su origen y formación eran un acto completamente viciado de ilegalidad. Creo que para su nuevo cálculo debe abrirse un debate público de cara a la ciudadanía, que permita construir consensos alrededor de un tema tan sensible, que implica una grave afectación a los derechos de propiedad y cuyo cálculo debe ser juicioso y justo. Como estaba diseñada la plusvalía en Manizales, el ciudadano de a pie se enfrentaba a un gravamen expoliatorio y expropiatorio que ponía en serio peligro su patriomonio". 

Intentos fallidos

El proceso ha sido esquivo desde el 2003, por razones que van desde la falta de estudios técnicos, el impacto en el bolsillo de los propietarios, hasta los costos de operar el cobro y la poca claridad jurídica para su aprobación.
Inicialmente el estudio que se realizó entre el 8 de octubre del 2018 y el 31 de enero arrojó que había 3 mil 954,02 hectáreas de predios o zonas susceptibles de plusvalía, para 455 lotes, 58 urbanos y 397 rurales. En el 2020 se habían bajado a solo unos 340 y el año pasado la cifras oscilaba en 298 predios, 42 menos de lo que se estimó en el 2020.

¿Qué es la plusvalía?

La plusvalía es un impuesto que grava el aumento de valor de un inmueble durante los años de posesión hasta su transmisión por su aprovechamiento, ya sea por compraventa, donación o herencia. El POT, aprobado en el 2017, precisa que hay cuatro hechos generadores de plusvalía:

1. Cambio de suelo rural a expansión urbana.

2. Cambio de suelo rural a suburbano.

3. La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación.

4. La ejecución de manera directa o indirecta por el Municipio de las obras públicas.