MIGUEL ORLANDO ALGUERO
LA PATRIA | MANIZALES
Desde el año pasado, la Alcaldía de Manizales trabaja en la formulación de la política pública de los vendedores informales de la ciudad.
Este proceso está dividido en tres fases: alistamiento, diagnóstico situacional e identificación de problemas y potencialidades. Los encargados son: las secretarías de Medio Ambiente y TIC y Competitividad.
Este año se realizó un convenio con la Universidad de Manizales para que desarrolle la segunda y tercera fase, que incluye también la identificación con precisión de los actores, y las estrategias que se deben abordar frente a sus condiciones, dificultades y necesidades.
Alianza
A través de esta alianza se harán algunas actividades como: sensibilización con los vendedores informales de las zonas Centro, la Plaza de Mercado, Centro Histórico, Avenida Centenario, Chipre y Avenida Santander. El contrato tiene un costo de $214 millones y la proyección es tener los primeros resultados hacia noviembre de este año.
“Hay un interés en que se estructure un programa de asociatividad para los vendedores, así como diseñar e implementar estrategias de intervención social y económica para mejorar las condiciones de vida”, señaló Paula Andrea Sánchez, profesional de la Unidad de Fomento Empresarial de la Secretaría de TIC y Competitividad de Manizales.
La política pública de vendedores informales nace a partir de la promulgación de la Ley 1988 de 2019 y tiene como objetivo principal dar los lineamientos, estrategias, mecanismos, programas y proyectos que orientarán las acciones del Municipio para garantizar los derechos a la dignidad humana, al mínimo vital, al trabajo y a la convivencia en el espacio público.
Acciones
Juan Felipe Jaramillo, secretario de las TIC y Competitividad, precisó que la base es la Ley 1988 y que el desarrollo de la política pública depende del convenio con la U. de Manizales, con la que se establecerán programas y proyectos para esa población. “Revisaremos el componente de capacitación, vinculado al Sena. El fomento de proyectos productivos, la reglamentación de los locales comerciales de interés social. Con esto tendremos un diagnóstico socioeconómico de los informales e investigaciones desde la academia”.
Entre los resultados estará un censo de quiénes son los vendedores informales y una metodología para saber cómo dirigir nuevos proyectos.
Críticas
Gabriel Moreno Tamayo, líder de los vendedores informales de la ciudad, comentó que todavía no los han convocado para aportar a la construcción de la política pública y que se ha enterado por noticias. Advirtió que la nueva política es una mala copia del Acuerdo 443.
“Ese acuerdo lo empezamos a construir en 1997, duramos dos años con la Administración municipal, ciudadanos y vendedores para tener ese proyecto de acuerdo en 1999. Esa norma ya indica qué es un vendedor informal, en qué condiciones puede trabajar y dónde”.
Para Moreno Tamayo, el problema ha sido la voluntad política para poner en marcha al 100% ese acuerdo, que tiene componentes de salud, social, vivienda y emprendimiento. “No sé cómo van a conciliar el 443 con la nueva política pública, entonces no veo claro ese futuro, pero no me opongo a ayudar en la construcción de dicho documento. Estaré dispuesto a apoyar”.
Según las cuentas de Moreno Tamayo, en Manizales hay entre 600 y 700 informales registrados, pero esa cifra se puede quintuplicar entre quienes trabajan en las calles de la ciudad.
*Héctor Mauricio Serna Gómez, director de Investigaciones y Posgrados de la Universidad de Manizales: La U. de Manizales pone al servicio de los vendedores informales el conocimiento y experiencia para el diseño de estrategias que estén en consonancia con las necesidades de la comunidad.
*Juan Sebastián Ramos Velasco, secretario de Medio Ambiente de Manizales: Dichas actividades se realizarán a través del desarrollo de eventos y mesas focalizadas con la participación de agremiaciones y representantes del gobierno local y los vendedores informales, entre otros actores.
Las menos informales
Manizales 38,8%
Medellín 41,9%
Bogotá 42%
Tunja 42,2%
Pereira 42,9%
Las más informales
Cúcuta 68,3%
Riohacha 66,2%
Sincelejo 66,1%
Valledupar 64,7%
Santa Marta 64%
Empleo informal
Según el DANE, son las personas que durante el período de referencia se encontraban en una de las siguientes situaciones:
1. Los empleados particulares y los obreros que laboran en establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta cinco personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio.
2. Los trabajadores familiares sin remuneración en empresas de cinco trabajadores o menos.
3. Los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares.
4. Los empleados domésticos en empresas de cinco trabajadores o menos.
5. Los jornaleros o peones en empresas de cinco trabajadores o menos.
6. Los trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta de cinco personas, excepto los independientes profesionales.
7. Los patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos.
8. Se excluyen los obreros o empleados del gobierno.
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