
Osvaldo Hernández
LA PATRIA | Manizales
El Deportivo Pereira no existe. Lo dicen las dos determinaciones de la Superintendencia de Sociedades y Coldeportes Nacional, por medio de las cuales piden liquidar la persona jurídica y quitarle el Reconocimiento Deportivo como sujeto del Sistema Nacional del Deporte.
Los dos organismos de control, cansados de esperar y ver los incumplimientos, optaron por clausurar el proceso que llevaba el club y con el que pretendía acogerse a la Ley de Reestructuración Económica.
El onceno matecaña arrastra hoy deudas por $17 mil millones, pero ordenaron liquidarlo y quitar el reconocimiento porque no pagó $180 millones que se habían comprometido a Rafael Castillo, Octavio Zambrano y Nolberto Salamanca, exempleados del club.
Alberto Botero López, Gobernador de Risaralda, lamenta la situación que vive el Pereira: "Hay que lamentar la inminente salida del Quindío y el momento que vivimos nosotros".
Dice el mandatario que la Gobernación de Risaralda no ha invertido un peso en el Pereira: "no lo podemos hacer, son empresas privadas".
El Gobernador dijo que esto no se resume al Pereira o al Quindío, sino a la mayoría de clubes del país.
A pesar de ser aún una corporación sin ánimo de lucro, el Pereira es controlado por la familia López Bedoya. Su máximo dirigente es Álvaro López, quien cumple las funciones como presidente.
Quienes conocen la situación del onceno "matecaña" se remontan a la década del 80 para buscar los orígenes de los problemas. En 1982 le cedieron la ficha a Octavio Piedrahíta, quien luego resultó involucrado con el narcotráfico. La euforia fue pasajera porque no tardaron los problemas, lo que obligó en 1986 a crear un movimiento cívico en la ciudad para recuperar el equipo es así como se gesta Corpereira. Desde entonces fue manejado bajo ese modelo.
Hasta que llegaron los López en 1995. Su primer año fue "fantástico" dice el periodista Francisco Pacho Benítez, pero luego se vino a pique, el equipo se fue al descenso y cambió de administración.
Su primera estadía duró dos años y medio hasta que decidieron dar un paso al costado y permitieron que la Alcaldía y la Gobernación tomaran el control.
Idos los López, quien asume el Club es Ramón Ríos, posteriormente investigado y condenado por lavado de activos. Hoy es prófugo de la justicia.
Un día, en medio de la crisis, porque no había dinero, volvió a aparecer la familia López, puso $250 millones que faltaban para pagarle a los jugadores, para poder ir a un partido a Tuluá y se quedaron.
Hoy, el equipo, sin Reconocimiento Deportivo y con orden de liquidación no existe jurídicamente.
LA PATRIA llamó a Álvaro López y no respondió su teléfono.
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