Habitantes de Lusitania no quieren repetir la pesadilla del 6 de diciembre del año pasado cuando ocurrió la segunda avalancha que arrasó las tuberías de la planta Luis Prieto, y más abajo, en ese barrio, tumbó un puente, desbancó una vía, inundó locales comerciales y casas e, incluso, sepultó a un anciano que nunca apareció.
No obstante, la extracción de arena y piedra a escasos 30 metros de las viviendas expone de nuevo a esa comunidad.
María Corona Jiménez, pobladora desde hace 20 años y líder comunitaria, cuenta que los areneros llevan unas tres décadas extrayendo material de arrastre al pie del Río Chinchiná, muy cerca de las casas. Lo grave es que un arenero desarmó a principios de este año parte del jarillón que se había construido para regresar el afluente al cauce original, lo que deja sin protección a los habitantes ante eventuales avalanchas. "Hasta metió una retroexcavadora", aseguró.Un informe de la Unidad de Delegación Minera de Caldas, de marzo pasado, dejaba claro que esa explotación no tenía autorización ni tampoco de Corpocaldas, pues si bien el arenero mostró un documento de legalización, no era de ese sector, sino de otro donde también ha sacado material. El ciudadano inició en junio pasado los trámites para legalizar la actividad de minería tradicional.
R/ Luz Adriana Arias, jefe de la Unidad de Delegación Minera, afirmó que mientras avance la legalización, independiente de si se otorga el permiso, no se puede suspender la extracción ni decomisar la maquinaria. "La ley les da ese beneficio", refiriéndose a quienes por años han explotado determinados sitios y solicitan una autorización. Advirtió que esa dependencia cumplirá esa función hasta el 1 de noviembre, cuando llegue la Agencia Nacional de Minería, pero que harán "todo lo posible para descongestionar los procesos de legalización, pues llegaron muchas peticiones en los últimos tres meses".
Diana Mejía Grand, secretaria de Gobierno Municipal, respondió que hace cuatro meses le habían suspendido la labor al arenero, pero que visitaron el sector el pasado lunes por las quejas de la comunidad.
Carlos Alberto Castellanos, inspector de Policía que presidió la visita, aseguró que pese al beneficio que tiene el arenero por el trámite de legalización, el dueño del terreno por donde saca el material no lo ha autorizado para hacerlo. "En todo caso, la Secretaría de Gobierno tampoco permite esa explotación".
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