Victoria. Líderes comunitarios están preocupados por el desalojo de una familia en la vereda Marzala, que vivía allí hace 40 años, y según ellos, les han violado los derechos humanos. El desalojo fue por vía legal, como lo asegura el dueño del terreno, quien les ofreció $ 12 millones o cercar el lote como solución. Sin embargo, esta familia tuvo que ir a vivir con otras dos más, en una vivienda que no tiene servicios públicos.
R/ El alcalde, Juan Alberto Vargas, explicó que esta situación es tema del Juzgado Segundo Civil de La Dorada, que con otras entidades avalaron el desalojo por invasión al espacio privado, hace 15 días. "Como Alcaldía los visitamos para ayudarlos. No hemos podido intervenir por un dilema jurídico, ya que no se pueden utilizar las máquinas del Municipio en terrenos de particulares para construirles una vivienda nueva, pero estamos gestionando recursos", aseguró.
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