Hace apenas unos días en la agenda noticiosa local aparecían dos noticias que fueron la motivación del título y el contenido de esta columna. Una de ellas presentaba el testimonio ante la Corte Suprema de Justicia del exministro Óscar Iván Zuluaga, en el marco del proceso que se le sigue al exministro Andrés Felipe Arias. La otra noticia, anunciaba la entrega de recursos a siete proyectos de Alianzas Productivas a través de la Secretaría de Agricultura de Caldas. Dos hechos políticos de distinta característica y significado, pero relacionados en el fondo.

En cuanto al testimonio del exministro caldense, al hablar del programa Agro Ingreso Seguro, transcribieron los informativos su afirmación en torno a que dicho programa "…aumentó la producción agrícola de 22 millones de toneladas a 28 millones… se aumentaron en dos millones las hectáreas sembradas y disminuyó la tasa de desempleo en el campo". No pretendo desmentir las afirmaciones del exministro de Hacienda, y de hecho no dudo de su veracidad, pero me quedan inquietudes sobre la diferencia entre los logros de dicho programa y los impactos en la dinámica de desarrollo rural del país. Lamentablemente, muchas acciones de política pública dan cuenta de sus gestiones y sus logros, pero pocas reflexiones tenemos, al menos oportunas, respecto de los impactos en el bienestar social, económico y ambiental de los territorios y sus habitantes, que es el fin último de las políticas públicas.

Señalaba además el exministro que "Se quería promover el empleo y eso lo hacen también los grandes productores. Se buscaba que los pequeños mejoraran sus ingresos y que los grandes tuvieran la posibilidad de ampliar la calidad del empleo y su formalización". Aún dándole crédito a lo anterior como propósitos de AIS, sin duda sus realizaciones fueron menores, y en todo caso de menor efecto si se le compara con otras decisiones de política que están afectando al sector agrario. Solo por mencionar un ejemplo, quisiera referir las cifras presentadas al inicio del año por la oficina de planeación de Fedegán, según las cuales al país ingresaron entre enero y noviembre del año pasado cerca de cinco mil toneladas de productos lácteos, mientras que las exportaciones apenas pasaron de 300 toneladas. Para esa época del año, ya el gremio reportaba una reducción en el precio pagado al productor de al menos 70 pesos por litro de leche, y eso sin contar el efecto de la leche en polvo que ingresa al país de contrabando.

Sobre estas cifras, que los ganaderos atribuyen al efecto de los TLC, incluso reaccionó en su momento el embajador Michael McKinley, pero su reacción se quedó sin piso cuando el DANE presentó información según la cual, si bien aumentaron las exportaciones de Colombia a Estados Unidos en 7%, las importaciones también lo hicieron en 16%.

Similares situaciones deben estar viviendo los demás sectores de la producción agrícola o pecuaria. De hecho no es difícil encontrar en supermercados de Manizales mojarras empacadas en China, en un precio 10 ó 15 por ciento menor que las producidas localmente, o una libra de costilla de cerdo, importada de Estados Unidos, tres mil pesos por debajo en el precio frente a la nacional.

Pero estos no son los únicos "garrotazos" para los productores rurales. Su infraestructura productiva y de servicios se deteriora, sus escuelas se cierran en virtud de la eficiencia y racionalidad en el gasto, sus centros de salud permanecen cerrados por falta de insumos y de personal, y los beneficios tributarios que el Estado ha diseñado para el sector, están lejanos para los pequeños productores, en virtud de su tamaño de operación.

Ahora bien, sobre la segunda noticia que refería, no podría menos que celebrar la aplicación de recursos públicos a iniciativas productivas de campesinos de Caldas. Pero es inevitable pensar en la necesidad de poner otros temas en discusión, cuando un programa, fruto de la buena gestión de una Secretaría, apenas puede asignar 300 millones de pesos a siete proyectos. No pongo en duda la idoneidad y compromiso de los profesionales de la Secretaría de Agricultura o de las oficinas agropecuarias de los municipios, pero el efecto de su gestión está limitado a la dimensión de los programas del gobierno nacional, que son sustancialmente menores a los efectos de otras decisiones de política, acerca de las cuales el mismo gobierno se ha comprometido (por ejemplo para ingresar a la OCDE) a no ejercer ningún control.