En Colombia, el sector salud afronta grandes problemas como la corrupción administrativa, calidad y efectividad de la prestación de los servicios, la poca claridad sobre los derechos de los pacientes, las demoras en los tratamientos y los altos costos de los medicamentos, entre otros. No obstante, sin desestimar las anteriores dificultades, la crisis que tiene en jaque la estructura agregada del sector salud es su desbalance financiero.
Por esta razón se han presentado dos reformas a la salud, una estatutaria y una ordinaria, que abogan por la mejora en el servicio y no por el negocio detrás de su prestación. La primera de ellas, radicada con mensaje de urgencia, establece las bases constitucionales de la salud como derecho humano fundamental, la elaboración de un Plan Único de Salud que disminuya las zonas grises, la integración entre sector público y privado en la creación de redes de salud y la centralización, administración y distribución de los $ 25 billones que recauda el sistema, a través de una sola institución con autonomía administrativa, financiera y presupuestal.
La reforma ordinaria especifica los planteamientos de la estatutaria. En particular, define la nueva macro-entidad Salud-Mía, la cual asumirá las funciones del Fosyga y evitará la intermediación de los recursos entre el Estado y los prestadores de servicios. Así mismo, propone la unión del POS y no-POS en un Plan Único de Salud llamado "Mi-Plan", que sería definido por ‘listas negativas’, es decir, por lo que no cubre, como procedimientos estéticos o experimentales. La idea es que reduzca la llamada zona gris y disminuya por lo tanto la proliferación de tutelas que acumulan más de un millón entre 1999 y 2012, con tasas de éxito cercanas al 80 por ciento.
Sin embargo, el tema que seguramente generará más cuestionamientos corresponde a los nuevos Gestores de Servicio de Salud, los cuales se encargarán de manejar el riesgo y garantizar la efectividad del servicio dentro de las Áreas de Gestión Sanitaria. En primera instancia estas entidades se malentienden como un cambio de nombre de las actuales EPS. Sin embargo, se les quita el manejo de los recursos públicos que en muchos casos era utilizado para fines privados y se obliga a que se constituyan como sociedades anónimas, evitando así la impotencia sobre las prácticas macabras en el esquema de integración vertical y la formación de conglomerados.
Adicionalmente, el Gobierno ha propuesto que con el fin de alinear los incentivos entre mejor servicio y utilidad económica se establezca un pago directo mensual por un valor fijo, de conformidad con los servicios que presten, y un monto variable, del cual dependerá su beneficio, atado a la información presentada y al desempeño. Así, el servicio en salud será buen negocio si la calidad prestada es la mejor.
El Gobierno se ha comprometido a que solo las actuales EPS que han sido juiciosas en términos financieros y de calidad del servicio son las que podrían sobrevivir y acceder a ser las nuevas gestoras. No obstante, este servidor y en general el Partido de la U estaremos pendientes a que la reglamentación sea lo bastante estricta para evitar de una vez por todas el mal servicio que se le brinde a la población más vulnerable.
De igual manera es preocupación nuestra los altos precios de los medicamentos. Si bien la reforma plantea una eliminación de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, delegando sus funciones al Ministerios de Salud y Protección Social, estamos trabajando en un proyecto de ley que limite los precios a los que se establecen en el mercado internacional y se evite que haya fármacos 10 veces más costosos que el referente externo.
Por último, el foco de atención es la deuda que se tiene actualmente a los prestadores de servicios de salud. Ya sea un tema de las EPS a las prestadoras o de los recobros de las EPS al Fosyga, el tema tiene en cuidados intensivos la estructura básica del sistema. La cifra supera los $ 4,1 billones y mantiene un crecimiento mensual de $ 300 mil millones. Saldar esta deuda debe ser el primer paso para lograr la efectividad de cualquier reforma que se plantée.
Respuesta a Pava Quiceno, columnista de LA PATRIA: No me extrañan las injurias y calumnias escritas por usted el viernes pasado, especialmente hablando de doble moral, tema de su experticia. Infame sí es que involucre a mi familia y en especial a mi padre, quien desde el secuestro está retirado de toda pretensión política, dedicándose a recuperar el tiempo perdido con su familia en el refugio de la academia. Luego, todo lo escrito en su columna es una completa mentira y le ruego comedidamente que, cuando actúe como vocero de otros, verifique la información antes de publicarla.
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