Se equivocan quienes afirman que la demanda contra la ampliación del Fuero Penal Militar es una acción contra la Paz y la Fuerza Pública. No hay nada más equivocado. Quienes demandamos esa reforma constitucional trabajamos por la paz con justicia social y tenemos profundo respeto por los miembros del Ejército y la Policía que protegen los Derechos Humanos en los territorios de Colombia.

Primero, hay que recordar que en la Constitución de 1991 ya existe el Fuero Penal Militar, que cubre los delitos que se cometen en razón del servicio. El problema es que este Gobierno pretendía que el fuero también cubriera las violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Además, con esa reforma se quería convertir en juez y parte a los militares que cometieran agresiones contra la población civil, lo cual podría poner en duda la transparencia de los procesos. En otras palabras, los militares habrían terminado autoinvestigándose por sus propios delitos, una práctica que podía aumentar los altos índices de impunidad en los procesos, en especial los relacionados con los mal llamados "falsos positivos".

Segundo, es cierto que el Estado tiene una deuda enorme en materia de justicia con todos los colombianos, entre ellos los militares, pero eso no se arregla con la ampliación del Fuero Penal Militar, sino con una modernización, vigilancia y control de la justicia, en la que se busque propender por el bien común y se trabaje por la paz, la igualdad, la verdad, la reparación y la inclusión.

Tercero, en algún momento la ciudadanía reconocerá que la Corte Constitucional le hizo un favor a la democracia, al declarar e insistir en que los vicios de forma no son ninguna "nimiedad", ni un simple formalismo, como ocurrió con la revisión del segundo referendo reeleccionista de Uribe Vélez.

Porque no es un tema menor hundir una reforma constitucional que pasó por encima del reglamento del Congreso, en nueve irregularidades que encontramos los demandantes de la ampliación del Fuero Militar. Por tanto, la Corte Constitucional tenía fundamentos de sobra para argüir que ese acto legislativo era inconstitucional.

Con esto, queda una vez más demostrado que el Gobierno Nacional debe respetar la división de poderes, y evitar la imposición de los ritmos de los debates en el Congreso, como si fuera una aplanadora. Solo así sería viable una verdadera deliberación sobre las leyes y las reformas constitucionales que el país necesita. Porque "el fin no justifica los medios", tal como nos enseñó Antanas Mockus.

Ahora bien, si tenemos una Constitución, si aceptamos los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, hay que cumplirlos. Porque ese es nuestro contrato social, así algunos no estén de acuerdo.

Por último, no dejo de soñar con el momento en que Colombia termine este conflicto degradado de tantos años, para que nuestros jóvenes, que han tenido que librar la guerra por falta de oportunidades, puedan cambiar las balas por pupitres y las armas por trabajo digno.

Y sea esta la oportunidad para decir que sueño con una Fuerza Pública que algún día se convierta en formadora de ciudadanía, tal vez el mayor reto pedagógico que podría tener este país lleno de odios y venganzas, aunque a algunos guerreristas les suene ingenuo. Los invito a soñar con una Fuerza Pública para la Paz.