Han estado movidas las cosas del agro, a mi juicio, para bien. Porque la Corte Constitucional declaró ilegal una reforma de tierras en extremo regresiva, se confirmó la manipulación de las cifras de restitución y hay dos proyectos de acto legislativo para impedir que los extranjeros se apoderen de los campos colombianos. En otro país que no fuera el del tapen tapen, habría un amplio debate al respecto.

Ocultos entre los 276 artículos del Plan Nacional de Desarrollo (PND), se aprobaron tres -60, 61 y 62- para arrebatarles a los más pobres del campo, a los trabajadores sin tierra, el derecho constitucional a convertirse en dueños y señores de predios baldíos del Estado, que suman millones de hectáreas. Esto, además, para que esas tierras quedaran bajo el control, sin siquiera comprarlas, de los monopolios nacionales y extranjeros que resultaran favorecidos por un comité que se las adjudicaría en porciones de cualquier tamaño: veinte mil, cincuenta mil, cien mil hectáreas. De lo que se trataba era de aplicar en todo el país el Modelo Carimagua, pero al estilo solapado de Santos. Y como no podía faltar el embuchado "social" en una política tan retardataria, al puñado de elegidos con semejante regalo el Estado les pondría bajo su control los trabajadores rurales necesarios para adelantar las explotaciones, en una especie de servidumbre del siglo XXI.

El boletín de la Corte que informó sobre la inconstitucionalidad de los tres artículos dijo: "Tales medidas resultan regresivas, pues propician la concentración de la propiedad en un país con escasez de tierras, en desmedro de los trabajadores agrarios que dejan de ser propietarios e implica un retroceso en el deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de estos trabajadores, además que puede revertir los esfuerzos que se han efectuado en materia de titulación de tierras. El levantamiento de las restricciones previstas en la Ley 160 de 1994 implica que la tierra protegida por estas, deja de ser exclusiva de los trabajadores agrarios, que terminan convertidos en asalariados en los proyectos que se adelanten en sus antiguas propiedades y reduce su posibilidad de acceso a la tierra".

Este plan de ultraconcentración de la tierra rural -en un país con un gini de tierras de .87, uno de los peores del mundo, que prueba que por esa vía no se desarrolla el agro- tenía como su principal norte pasarles millones de hectáreas, como ya se dijo, a unos pocos monopolios y, principalmente, a los extranjeros, con la consecuente pérdida de la seguridad alimentaria y la soberanía. Mientras en el mundo crece la oposición a que las trasnacionales se apoderen de las tierras rurales de los países más débiles y se legisla en su contra, Santos, lejos de oponerse a dicha extranjerización, la promueve. Pero llama la atención que haya en el Congreso dos proyectos de reforma constitucional para controlar la propiedad de los extranjeros sobre las tierras de Colombia, uno presentado por el Polo Democrático Alternativo y otro por el Partido Conservador. Tan ominoso es el riesgo que se cierne sobre el país, que fuerzas como estas podemos concordar. Ojalá que esta coincidencia pueda extenderse a otros partidos y que el Congreso le preste un gran servicio al país.

El tercer suceso se refiere a que la Contraloría le pidió a la Procuraduría que investigara al Ministerio de Agricultura por las falsedades en las cifras de restitución de tierras, solicitud que confirma las documentadas denuncias hechas en esta columna y en el Congreso. Sobre este caso hay dos confesiones recientes. El pasado 3 de agosto, el presidente Santos afirmó: "Quien dice que hasta el momento no se ha entregado una hectárea de tierra (restituida), dice la verdad". Y Alejandro Reyes, asesor del Ministerio de Agricultura, explicó: "Pienso que sí hubo cierta ligereza en el manejo de las cifras y ciertas imprecisiones en la manera de presentarlas, sobre todo por parte del Presidente, cuando anunció como restitución a la población desplazada lo que era la asignación y titulación de baldíos que traía una inercia del pasado".

Coletilla: sobre la violencia y la paz en Colombia, el Polo tiene posición desde su programa de fundación. Allí expresó, primero, su rechazo a la lucha armada en todas sus expresiones: homicidios, secuestros, atentados, actos de terror, etc. Y, segundo, su preferencia por una solución política del conflicto armado, de forma que el Estado recupere el monopolio sobre las armas.