Puede sonar a falso pero es cierto; y no fue un chiste. El Ministro de Comercio le informó a la Comisión Quinta del Senado que el TLC con Estados Unidos le da "oportunidades" al agro nacional en tres renglones: "Harinería, molinería y panadería" (derivados del trigo), "productos étnicos" y bienes para el "canal horeca" (hoteles y restaurantes). Alguien debió contarle al doctor Díaz Granados que el 99 por ciento del trigo que se procesa en Colombia es importado, porque el libre comercio liquidó ese cultivo, y que la retórica publicitaria oficial habla de exportarles a los 300 millones de estadounidenses y no a un puñado de ellos. ¿No es el colmo que el TLC inunde al país de millones de toneladas de importaciones de la dieta básica y que, a cambio y como si fuera gran cosa, se nos ofrezca la posibilidad -ni siquiera la certeza- de vender en el mercado étnico, es decir, a algún colombiano nostálgico que en Estados Unidos suspira por el cilantro o el bocadillo veleño?

Va una década demostrándose que mientras el TLC daña a Colombia, según las cuentas de aquí y las propias norteamericanas, las llamadas "oportunidades" nacionales no pasan de ser afirmaciones huecas: "Esperamos", "es probable", "de pronto", "ojalá". Y lo que faltaba: ¡vender en el mercado étnico!, que apenas representa el 0,18 por ciento de las importaciones estadounidenses y se lo disputan 150 países, porque todos tienen ciudadanos nostálgicos en Estados Unidos. Mientras las trasnacionales vienen por el lomo de la economía del país, a los colombianos los ponen a soñar con una fraccioncita del hueso estadounidense. Y con un cuento parecido Santos va a desquiciar lo que queda de la industria de segundo nivel instalada en Colombia, sumándoles a los tratados con México, Estados Unidos y la Unión Europea un TLC con Corea, al que le preparan el terreno entre las gentes con el cuento de que vamos a indigestar a los coreanos con tantas exportaciones agrarias colombianas. Como para un cuentachistes. Si no se supiera por dónde va el agua al molino cabría la duda de si quienes dirigen a Colombia son bobos.

Si algo se ha confirmado es que el poder en Colombia no lo tiene el empresariado que produce en el agro y en la industria, sino el que intermedia "en las finanzas, el comercio y los servicios" los intereses de las trasnacionales, que son las que definen a través de los gobiernos de las potencias y los organismos internacionales de crédito. Es por esto que cada vez que entran en contradicción los productores nacionales con los extranjeros y sus representantes nativos, la alta burocracia estatal colombiana, que va y viene por la puerta giratoria entre lo público y lo privado y sabe dónde están las ganancias, decide contra el progreso del país.

También como de sainete, si no fuera trágico, ha sido el gran afán con el que se tramitaron en estos días otras leyes de adecuación de Colombia al TLC. Así se aprobó la muy perniciosa que incrementa el monopolio de las potencias sobre las semillas y la Ley Lleras 2.0, que aumenta el control de las trasnacionales sobre el Internet y el tiempo de enlatados norteamericanos en la televisión colombiana, norma que se aprobó en abierta violación de la Constitución (http://bit.ly/HJ0n5R). El desespero para aprobarlas se explica porque Santos decidió ofrecérselas como otro presente a Barack Obama, acto de pleitesía que pudo incluir a un niño cartagenero entregándolas sobre un cojín de terciopelo.

Coletilla: se demostró hasta la saciedad que la restitución de tierras tiene objetivos reales de gran mediocridad: 11.200 restituciones a diciembre de 2013, sobre 160 mil que prometió Santos para agosto de 2014. Esta verdad en parte explica el chivo expiatorio que sacrificaron en el Ministerio de Agricultura. Espero que cuanto antes pueda hacer este debate en el Senado. Y la otra parte de la Ley 1448/11 de víctimas, según se deduce de los informes de la Contraloría y la Comisión de Seguimiento a los Desplazados a la Corte Constitucional, va camino de ser tan mediocre o peor que la de tierras. Las cifras así lo prueban. La Comisión de Seguimiento a los Desplazados, con base en los fallos de la CIDH, calculó en 110 billones de pesos el valor total de las pérdidas de las víctimas. El gobierno anterior, por decreto 1290 de 2008, aceptó pagarles una indemnización administrativa de un máximo de 25 billones. Y el actual, con el Conpes 3217 de 2011, dice que reconocerá hasta 6,3 billones en diez años, el 4,4 por ciento de la valoración de la CIDH. Cuánto tilín, tilín el de Santos y tan pocas las paletas (http://bit.ly/InvU2w).