Aparentemente las autoridades están muy satisfechas y contentas con los resultados que ha arrojado la aplicación de la nueva ley de tránsito en la que impone unas sanciones muy altas a los conductores que manejan después de haber consumido licor. Las estadísticas muestran que los accidentes cometidos por conductores borrachos bajaron ostensiblemente, lo mismo que son mucho menos los conductores que se están arriesgando a conducir después de haber consumido trago.
Conviene hacer reflexiones sobre la razón por la que esta ley si atemorizó a los conductores borrachitos. Aparentemente esto se está dando por el elevado valor de la sanción, por la posible pérdida de la licencia y por las penas penales que se pueden llegar a purgar en caso de presentarse lesionados, sobre todo si se tienen muertos incorporados.
Con esta ley se cumple que la “excepción confirma la norma”. Son muchas las leyes que se han expedido, unas tan simples como la de recoger los excrementos que dejan las mascotas en las calles o como la de no permitir a los hombres orinar en las calles. Sin embargo, es muy común caminar por cualquier parque y encontrarse con el popó de los perros o transitar por cualquier vía y ver a los hombres orinando, algunos dando la espalda y otros de frente, sin que pase nada.
Estos son dos ejemplos sencillos, hay otros más complejos y sin lugar a dudas más importantes para la comunidad. Uno es el robo de los celulares. Según estudios realizados, la venta de celulares robados puede representar en el mercado negro el manejo de una suma anual cercana a los 200 mil millones de pesos. Cifra nada despreciable y que convierte la actividad del robo de estos aparatos en algo muy lucrativo. Una cosa es que se roben un celular, pero otra muy distinta es si este robo viene con herida incluida o inclusive con la muerte del dueño del aparato, lo que ha pasado en no muy pocas oportunidades. Para contrarrestar este fenómeno, el gobierno nacional expidió una norma en la que exigía que todos los celulares que se utilizaran en el país fueran registrados, para que así cuando se robaran o se perdiera un aparato, al ponerse la respectiva denuncia, el aparato quedara bloqueado e inservible. Sin embargo, por falta de autoridad por parte del gobierno nacional, la ley quedó como “letra muerta”.
Saliéndome un poco del tema, lo mismo está pasando con la renovación de las licencias de conducción, donde nuevamente por falta de autoridad del gobierno nacional, está ampliando el plazo para la renovación del documento; es decir, el estado para el cumplimiento de las normas establecidas vuelve a quedar como un “rey de burlas” y la ciudadanía cada vez se convence más de que las leyes son para violarlas.
Otra muestra muy clara respecto al bajo interés para el cumplimiento de las normas, por la falta de compromiso por parte de las autoridades de hacerlas respetar, se pude ver en la prohibición de quemar pólvora. Para muy poco han servido las campañas publicitarias mostrando niños quemados y manos amputadas por el mal uso de estos elementos explosivos. Un ejemplo de lo anterior fueron el alto número de quemados que se presentaron en el pasado mes de diciembre y el uso exagerado que se presentó el último día del año. La pólvora sonó por todas las regiones y en todas las ciudades. Son muy escasos los sancionados, por no decir que ninguno, que se reportan por quemar pólvora, si acaso hay sanciones para algunos pequeños expendedores.
Dado el volumen de pólvora utilizada durante todo el mes de diciembre, era para que las autoridades en el cumplimiento de la ley, mostraran grandes decomisos de estos explosivos y se tuvieran muchas personas detenidas tanto por venderla como por quemarla. No se explica qué hace la policía cuando oye y ve que se está quemando pólvora. Aparentemente como son conscientes de que la ley no la hace cumplir ningún juez, más bien optan por observarla y disfrutarla y evitar así ser el “hazme reír” de la comunidad.