José Wilmar Jaramillo


Juan Felipe Álvarez Castro, secretario de Tránsito y Transporte de Manizales, expresa que la motocicleta es un vehículo catalogado, no solo en la ciudad, como el más inmerso en accidentes de tránsito, pues por cada 10 accidentes se estima que en seis de ellos hay involucrados una motocicleta o un peatón. Considera que por ser liviano y contundente cobra muchas vidas sobre todo por infracción a las normas de tránsito, sin dejar a un lado en algunos casos, la falta de pericia de algunos conductores y la irresponsabilidad en las maniobras que realizan.
El adelantar por la derecha, el exceso de velocidad, el zigzaguear, el pasar un semáforo en rojo y hacer un giro prohibido son conductas altamente peligrosas que eventualmente terminan en lesiones personales culposas a un tercero.
Recalca que se deben tener los documentos legales y completos, además que el casco sea el adecuado y no haya sufrido modificación. El casco reglamentario está diseñado bajo Normas Icontec con características especiales que buscan proteger al conductor o al acompañante en el momento del impacto. Sin embargo, aunque los controles son frecuentes, algunos no lo usan.
Agrega que dentro de los vehículos que hay matriculados en Manizales por lo menos 50 mil son motocicletas.
Propugna por una política nacional para condicionar la compra de motos (se financian incluso en las facturas de servicios públicos), esto sumado a la facilidad con la que, en algunas ocasiones, se puede obtener una licencia de conducción, lo que genera una incertidumbre de cuál será el grado de responsabilidad del nuevo conductor.
Los organismos de tránsito se convierten en simples tramitadores de un plástico, no intervienen el aspecto relacionado con la pericia del conductor.
Cree que el Ministerio de Transporte o en su defecto el mismo Congreso son quienes deben legislar o propender por unas políticas más claras con respecto a la adquisición y uso de las motocicletas.
Según Óscar Leonardo Meza Ramírez, coordinador académico de la escuela automovilística Niki Lauda, la ley 769 (Código Nacional de Tránsito) exige que una persona para obtener su licencia de conducción como mínimo debe saber leer y escribir. El aspirante debe diligenciar los formularios para corroborarlo. La edad mínima para solicitar licencia de conducción es de 10 y 6 años.
Las clases de manejo de motos consta de siete clases prácticas, 25 horas teóricas y tres horas prácticas. En la primera clase práctica se reconoce cada parte del vehículo, se enseña la distancia de exploración para poder tener la visión de lo que está pasando alrededor de él, la arrancada en plan, pendiente y el dominio de la moto. Todo lo anterior se hace en un parque cerrado. Cuando se constata que el aspirante tiene un buen dominio del vehículo comienza a salir a la calle por partes no congestionadas para no poner en riesgo la integridad del alumno ni originar un accidente.
En la parte teórica se tratan temas de primeros auxilios, psicología de la conducción, normas de tránsito, seguridad vial, manejo defensivo y mecánica básica.
Lo que se enseña es la Ley 769 del 2002 Ley marco para el Código de Tránsito, y sus reformas.
Las academias de este tipo se rigen por el Decreto 1500 de 2009 y la Resolución 3245 del mismo año, donde se reglamenta la intensidad horaria y los temas que se deben tratar.
Aclara que en algunas ocasiones llegan personas con conocimientos empíricos sobre manejo de motos con el único propósito de adquirir el documento que los acredite como conductor. Lo ideal es que no tengan conocimientos porque cuando aprenden por fuera llegan con malos hábitos y eso complica las cosas.
La Academia no hace trámites para expedir la licencia.
Solo cuando el alumno aprueba un examen teórico y uno práctico se da la aprobación ante el RUN, concluye.
Destacado:
El casco reglamentario está diseñado bajo Normas Icontec con características especiales que buscan proteger al conductor o al acompañante en el momento del impacto. Sin embargo, aunque los controles son frecuentes, algunos no lo usan.
COMENTARIO ADICIONAL:
El secretario de Tránsito considera que una buena política sería dejar en manos del Estado un requisito adicional en donde este sea el que someta al futuro conductor a unas pruebas, y se conviertan en determinantes para definir si esa persona finalmente será responsable en las vías públicas.
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