Es contradictorio y aberrante que, cuando se ha alcanzado una cobertura en salud que favorece a casi toda la población colombiana y se captan recursos que pueden cubrir con solvencia las necesidades, se mueran los pacientes en las puertas de clínicas y hospitales por falta de atención; y los centros asistenciales, públicos y privados, estén quebrados, o pasando graves dificultades financieras, porque el Estado creó un monstruo intermediario que se queda de la plata con la parte del león y, además, por el afán especulador, presta pésimo servicio.

Las disculpas de las EPS para retener el dinero que corresponde a las prestadoras de los servicios de salud, y para no cumplirles a los pacientes con los tratamientos adecuados, son un verdadero vademécum de pretextos y artimañas, que los hábiles funcionarios de las intermediarias financieras del sistema inventan; y los responsables oficiales de controlarlas se tragan, por cándidos o por mañosos.

Juan Gossaín publicó hace varias semanas, en El Tiempo, una extensa crónica en la que hace un pormenorizado análisis del problema de la salud, y señala que no es por falta de recursos económicos, que son más que suficientes por los aportes que los colombianos hacemos al sistema, sino porque existe una intermediación costosísima, y en no pocos casos dolosa, que el gobierno no ha sido capaz de controlar, porque, ¡cuándo no!, hay políticos con intereses personales en las EPS, y funcionarios de la salud untados. Además de que diferentes organizaciones delictivas llevan tajada, y asociaciones de abogados especializados y el abuso de la tutela se encargan de facilitarles las cosas a quienes se benefician perversamente de la plata de la salud de los colombianos.

Cuando se promulgó la Ley 100, dos de cuyos abanderados en el Congreso de la República fueron el entonces senador Álvaro Uribe Vélez y quien fuera después Ministro de Protección Social, Juan Luis Londoño, muerto en un accidente aéreo, se pensó que las cosas funcionarían mejor creando unas instituciones, las Empresas Prestadoras de Salud, para que intermediaran entre el gobierno, los usuarios y las clínicas y hospitales, recibiendo y manejando ellas los aportes. Pero como el plato era tan suculento, además de las organizaciones tradicionales, serias, solventes y eficientes, expertas en seguros y sistemas mutuarios, aparecieron empresas paracaidistas, creadas de la noche a la mañana, que se encargaron de pervertir el sistema, matando las buenas intenciones de los inspiradores. Lo urgente ahora es desmontar ese modelo, para lo cual será necesario desenmascarar a los defensores incrustados en el Estado, que protegen intereses personales.

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Esta columna dejará de aparecer tres semanas, por vacaciones del autor.