Uno de los primeros actos del Gobierno del Presidente Santos fue la conformación de la Unidad

Nacional, para algunos no era más que un acto politiquero en busca de estabilidad en una país que se encontraba polarizado y fraccionado. Para otros, la unidad tenía razones más profundas: se trataba de encontrar los apoyos necesarios para emprender procesos fundamentales para construir un país más justo y equitativo. Esto incluía una política de restitución de los derechos de las víctimas del conflicto, las reformas a la educación, la justicia, la salud y el modelo tributario, y por qué no, el inicio de un proceso de paz.

De manera coherente, el Gobierno inició con la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, la cual es fundamental para solucionar problemas históricos de inequidad y asegurar una paz duradera y estable.

La intención es evidentemente positiva, pero no llegará a buen puerto si las personas a las cuales se les han restituido sus derechos no disponen de mecanismos eficientes y efectivos para su ejercicio de manera sostenible y estable.

Después vino la Reforma a la Educación, la cual chocó con un movimiento estudiantil unido, que actuó de manera coherente e impidió darle trámite en el Congreso. Sabían los estudiantes que si permitían que el proyecto llegará hasta esa instancia, de ahí saldría cualquier cosa, como posteriormente se hizo evidente con la Reforma a la Justicia. Esta última, que finalmente quedó sin cumplimiento por causa de sus múltiples  irregularidades, dejó en claro todas las debilidades de nuestra democracia, donde se tramitan, discutes, legislan y justician los intereses de unos cuantos.

Para finalizar esta racha de reformas, que tenían como objetivo transformar nuestro país en una sociedad más justa y equitativa y que terminaron convirtiéndose en mecanismos para garantizar los intereses de unos cuantos, está la reforma tributaria. La cual fue presentada y aprobada sin el debido cuidado y estudio que amerita la herramienta que tiene el Estado para mejorar la inequidad, en un país que siempre ocupa los primeros puestos en esta materia.

En el Congreso no hay insumos suficientes para hacer las reformas y transformaciones que Colombia necesita. Un acuerdo de voluntades no puede modificar la procedencia, compromisos y responsabilidad de las personas que hemos elegido. La Unidad Nacional demostró que no le importa el país y terminó convertida en una herramienta política para obtener cuotas burocráticas y garantizar intereses individuales.

Por su parte, al Gobierno le falto contundencia, al parecer tenía claro el qué pero no el cómo. Le quedó grande presentar reformas estructurales, sufrió de parálisis por análisis, consiguió el capital político pero se olvidó del contenido de las normas. Finalmente terminó acorralado por los intereses e intrigas de los miembros de la Unidad Nacional y acabó haciendo acuerdos mediocres con el fin de obtener resultados, así sean numéricos (20 proyectos de ley aprobados) y no de fondo.  Falta la reforma a la salud, tal vez la más urgente y necesaria, pero como están las cosas es mejor que entre el diablo a mediar. Así pues, nuevamente, nuestra esperanza por un país mejor está toda puesta en el éxito del proceso de paz.

De manera coherente, el Gobierno inició con la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, la cual es fundamental para solucionar problemas históricos de inequidad y asegurar una paz duradera y estable.