Probablemente nadie que esté bien calificado para desempeñar el cargo de Superintendente Financiero lo aceptaría después de lo que le ha sucedido al último que ocupó ese cargo.

Fue destituido en forma humillante por la Procuraduría, que además lo inhabilitó por doce años para ocupar un cargo público, supuestamente por haber sabido que las acciones de Fabricato estaban sobrevaloradas y no haber hecho nada al respecto (Interbolsa las utilizaba para respaldar las operaciones repo). Otros dos altos funcionarios han sido sancionado.

Dos anteriores superintendentes también perdieron su puesto en el pasado, en circunstancias menos indignas, pero perjudiciales para la Superintendencia porque intervinieron actores al más alto nivel del gobierno para impedir que los superintendentes cumplieran con su deber.

Entre los que han ocupado el cargo recientemente, el único ex Superintendente que no fue destituido ni fue sancionado era casualmente el jefe de la unidad de la Bolsa de Valores responsable de la autorregulación que no reveló oportunamente que la acción de Fabricato podía estar sobrevalorada, y que no solicitó medidas correctivas o no lo reveló.

La Superintendencia Financiera es muy importante para el buen funcionamiento de la economía y para la estabilidad macroeconómica del país. Es una entidad clave con la misión de vigilar y ejercer control sobre el sistema financiero y velar por su estabilidad.

Contribuyó a preservar el sistema financiero nacional en las peores crisis. La Procuraduría, cuando tomó la decisión de destituir a Gerardo Hernández, debió haber tenido en cuenta la tradición impecable de la institución y del funcionario. Es necesario conocer si la Procuraduría se cercioró satisfactoriamente de que se contaba para la investigación con el suficiente conocimiento de los procedimientos de la Superintendencia y de sus patrones de operación.

Estos han sido fruto de una larga experiencia en supervisión y buscan ejercer control sin sacrificar la estabilidad del sistema. Prever si una entidad financiera va a fallar no es fácil ni se basa exclusivamente en criterios objetivos porque depende significativamente de la percepción que tienen el público y los ahorradores sobre la entidad. Entonces existe un gran margen de error si se desea calificar ex post el buen juicio y olfato de los funcionarios de la Superintendencia y si hicieron o no hicieron lo que tenían que hacer.

No es algo que se pueda demostrar más allá de cualquier duda, menos si no se tuvo en cuenta que la autorregulación de la Bolsa no había operado (la acción de Fabricato estaba sobrevalorada y no se suspendió su negociación oportunamente) ya que esto tuvo que haber sido un poderoso argumento para no intervenir.

Otro atenuante puede ser que el Presidente de Interbolsa reconociera posteriormente que había falsedades en la información financiera de la empresa. Todo lo anterior debería ser suficiente para revisar la decisión tomada, y para proceder con mucha cautela cuando se evalúe la conducta del otro Superintendente que está siendo investigado. Se pueden estar violando inadvertidamente derechos fundamentales de los funcionarios.