En sentencia de diciembre 1 de 2011, la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas procede, en primera instancia, a dictar sentencia dentro de la acción de nulidad instaurada en contra del municipio de Manizales, y resuelve: "Declarar la nulidad de la siguiente expresión contenida en el artículo 15 del decreto 246 de 2006, por medio del cual se establecen los criterios para la reorganización del transporte público de la ciudad de Manizales, expedido por el Alcalde del municipio de Manizales: ‘cuyos costos serán incorporados en la tarifa’". Y niega las demás pretensiones de la demanda.

Lo anterior significa, nada más y nada menos, que es jurídicamente inaceptable incorporar en la tarifa del transporte público los costos en que incurra la administración municipal para implementar y poner en funcionamiento la plataforma tecnológica. Es decir, se declara la ilegalidad de la destinación de parte de la tarifa del transporte (que han venido recaudando los transportadores) para el pago de la plataforma tecnológica que pretendía implementar el municipio y queda sin sustento y financiación lo concerniente a la urgente reorganización de nuestro sistema de transporte.

Esta decisión, notificada a la administración Rojas, y que no fue recurrida en su oportunidad, se convierte en uno más de los actos de omisión e irresponsabilidad del alcalde, además de parecer sospechosamente amañado. En este espacio se ha evidenciado el compromiso establecido entre Jorge Eduardo Rojas y los transportadores de Manizales, y la forma como se les ha cedido en todas sus pretensiones y se ha hecho lo posible por no afectarlos, aún en detrimento de los intereses de la ciudad. Hemos rechazado la forma como se desestimaron los trabajos realizados en administraciones anteriores y cómo se pretende empezar de ceros un proceso que llevaba adelantos significativos y grandes inversiones tanto del municipio como de la empresa privada.

La Administración Municipal sostiene sin vergüenza que el sistema de transporte es imposible de operar como está concebido, coincidiendo con la posición de los transportadores para quienes cualquier modificación que implique el ejercicio de controles, organización y orden es rechazable. Y se escudan entonces en un mecanismo dilatorio como es el acudir al Departamento Nacional de Planeación para elaborar "otro" estudio que determine cómo debe ser nuestro servicio de transporte, desechando, repito, los resultados de estudios elaborados juiciosamente por entidades de reconocida seriedad y trayectoria. Para el alcalde, cualquier disculpa que conduzca a mantener los beneficios de los transportadores y los privilegios que han ido ganando, es aceptada sin ningún reparo.

Pero mientras esto sucede, las demandas en contra del municipio avanzan y las alcaldadas de Rojas se traducen en millonarias pérdidas potenciales para el municipio. Y tienen el descaro de insinuar que un nuevo sistema de transporte se implementará el próximo año, cuando, por un lado, la indolencia de no recurrir la sentencia judicial dejó a la administración sin posibilidades legales y económicas de financiar el sistema y, por el otro, dentro del presupuesto que actualmente estudia el Concejo Municipal no se contemplan las partidas para la implementación de un nuevo sistema, ni mucho menos las provisiones para el pago de los perjuicios que nos está causando la velada actuación de esta alcaldía. Es decir, nos están mintiendo y engolosinando con ofrecimientos irreales, en un conciliábulo perverso entre los transportadores y el propio alcalde.

¿Y por qué no se presentó recurso alguno ante la sentencia mencionada? Puede ser porque se hubiera podido demostrar la validez jurídica de las actuaciones y concepciones que se tuvieron para la implementación del sistema de transporte, y entonces se dejaban sin piso los argumentos para que Manizales aún siga en este caos de movilidad, que solo les conviene a quienes viven de él, o a quienes obtienen beneficios económicos provenientes de la laxitud, la permisividad y la complicidad.

Y me pregunto: si esta Administración admite sumisamente la decisión del Tribunal Administrativo y no presenta recurso alguno, ¿por qué no se esfuerza siquiera en recuperar los dineros que hoy están en manos de los transportadores y que siguen recaudando con pavorosa tranquilidad? ¿Qué está esperando la Administración para exigirles el traslado de unos recursos que están aportando los usuarios del transporte y a quienes no les reportan beneficio alguno? ¿No son pues dineros públicos? ¿Qué controles se pueden ejercer cuando ni siquiera se sabe el monto real de lo recaudado?

Este tema puede sonar reiterativo, pero es que cada día se develan más situaciones aterradoras para nuestro desarrollo. El hecho de que en el proyecto de presupuesto no estén contempladas las partidas para la financiación del sistema de transporte que requiere Manizales, sumado a la imposibilidad jurídica que por negligencia administrativa tenemos que aceptar con sumisión, nos determina un panorama desolador para la movilidad en la ciudad. Y mientras tanto, nos tratan de engañar con artimañas dilatorias en cumplimiento de algunos compromisos evidentes. ¡Qué tristeza!