Jorge Raad


Ha sido todo un espectáculo el ofrecido por gobernantes y legisladores al tratar de demostrar que no han tenido participación en la ley no promulgada pero aprobada por el Congreso de Colombia, que debió versar sobre la deseada, necesitada y verdadera reforma a la justicia. Explicaciones y contraexplicaciones aparecen por doquier.
El ciudadano raso, porque tiene iguales deberes y derechos como todos frente a la Constitución Política, quedó impactado o con al menos una enorme sorpresa que avanzó hasta un estado de ira o de frustración o de depresión o entró peligrosamente en una etapa de indiferencia frente a lo sucedido, lo cual es mucho más preocupante que la adopción de una posición vehemente al demostrar su estado de inconformidad con lo acontecido.
Lo de menos es lo que ocurrió en la Comisión Conciliadora, ahora quieren presentarla como la única responsable, frente a todo el recorrido legislativo del proyecto de ley, con todas sus facetas e intervenciones de todos los que fueron convidados a indicar sus conceptos relacionados con los artículos en discusión. Ya no es el acto de lavarse impunemente las manos ni demostrar su inocencia frente a su culpabilidad. Todo eso ya pasó y como decían las señoras de pueblo: ¡Ni colorados se pusieron!
Tristes papeles en cabeza de muchos e inclusive causa escozor, siempre patológico, la conducta asumida recientemente por el señor Presidente al decir que el Gobierno fue engañado por el Congreso. La autenticidad de lo que anuncia el Primer Mandatario debe quedar para el análisis de las sesiones e investigar si estuvo o no el gobierno a través de sus ministros y delegados, en los múltiples momentos cruciales de la discusión.
Queda también en las mentes jurídicas si lo acontecido con lo aprobado en las sesiones extras del Congreso es constitucionalmente válido, aunque indudablemente fue un acto político en el que participaron y decidieron quienes a lo largo de las sesiones y votaciones de dos legislaturas fueron aprobando paso a paso la reforma constitucional. Muchos se ufanaban de la: ¡Cristiana Sepultura a la ley! ¡Qué desfachatez!
De acuerdo a prestigiosos juristas constitucionalistas, por más poder que tenga el señor Presidente de la República, por más interés que tenga en el tema y se considere demócrata, no le es dable rechazar, como lo hizo, una reforma a la Constitución, aprobada por el Congreso, debe proceder y si encuentra que ella no se ajusta de algún modo al proceso que ordena la misma Carta Magna o definitivamente es inconveniente para el país, tuvo otras acciones constitucionales para lograr que no entre definitivamente en vigencia.
Aparecen en el horizonte investigaciones administrativas contra los congresistas que estuvieron en la Comisión Conciliadora, entre ellas una por prevaricar, ésta no debiera prosperar por cuanto se estaría coartando la libertad de opinión y de voto que disponen quienes representan al pueblo al interior del Congreso. Las Cámaras deben tener sus propias normas reguladoras para impedir que transgredan los mandatos jurídicos que deben tutelar las deliberaciones, votaciones y todo lo relacionado con el proceso jurídico dentro del Parlamento.
Quienes transgredieron o estafaron la buena fe de los colombianos deben responder por sus actos ante los electores como lo deben hacer también quienes introdujeron, seccionaron o modificaron los artículos de la sospechosa ley.
El Gobierno de turno, como lo han dicho infinidad de analistas, debe asumir su responsabilidad no solamente con la renuncia ya efectiva del señor Ministro de Justicia, quien reconoció públicamente que se había equivocado. ¿Dónde están los otros?
Pero lo más terrible y doloroso de todo es que, luego de la demostración de vergüenza de millones de colombianos, ante lo sucedido, las horas y los días van evidenciando que se van reduciendo las voces del pueblo, a veces distorsionando los hechos y algunos ciudadanos comienzan a justificar lo acaecido con la malhadada ley. ¡A la vuelta de poco tiempo se avizora la amnesia! Una endemia entre los colombianos en donde la palabrería suplanta las acciones.
Nota: ¡Qué falta hace un hospital Universitario!
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones y Políticas de privacidad de LA PATRIA S.A.
Todos los Derechos Reservados D.R.A. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin la autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved 2015