El periodista ambientalista José Alejandro Arias, logró que el Gobierno colombiano suspendiera desde 2014 el permiso de transportar indebidamente carga de carbón a Drummond, empresa sancionada con U$3,5 millones por verter hace un año 500 toneladas a las aguas del Caribe, hasta adoptar el embarque directo de su carbón, tal cual se exige en el Decreto 3083 de 2007, pero la multinacional no lo hizo. Esta minera desde 1995 opera dos yacimientos situados en la cuenca carbonífera del Cesar, cerca de La Loma, y un puerto marítimo de aguas profundas en Ciénaga, vecino a Santa Marta. La multa, a pesar de ser la sanción más alta que se puede imponer de acuerdo a la normatividad ambiental del país, es inferior a las ganancias de un día de operación de la carbonera, cuyas exportaciones son del orden de 85 mil toneladas diarias.
Mientras Cerrejón, empresa conformada por las multinacionales BHP Billiton, Anglo American y Glencore Xstrata, que produce y exporta 32 millones de toneladas anuales, ha sido reconocida por su gestión integral de riesgos químicos y buenas prácticas laborales, contrariamente la Drummond, que vende 29 millones de toneladas de nuestro carbón por año, y cuya concesión que vence en 2019 ha solicitado se la prorroguen al 2050, tiene un historial éticamente cuestionable en Colombia que da mérito a pensar en su nacionalización, una medida necesaria para encarrilar la locomotora minera, explotar nuestros propios yacimientos, campos, vender su producto y desarrollar la carboquímica para darle valor agregado a dicha riqueza, tal cual lo hicimos con el petróleo creando Ecopetrol en 1951, tras la reversión al Estado colombiano de la Concesión De Mares.
Dicho mineral tiene usos en generación de electricidad, producción de acero y coque, fabricación de cemento y combustibles líquidos. De una producción global de 4 mil millones de toneladas-año de carbón, cifra equivalente a las reservas del país, China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón, consumen más de 2/3 del total mundial, donde los primeros productores son China, Estados Unidos y la India. Colombia, con una producción de 86 millones de toneladas-año, ocupa el décimo lugar en el mundo y el segundo en América Latina. El precio que en 2012 tocó el techo de U$97 tonelada, como consecuencia de la abundante oferta de Rusia y Colombia, sumada a la competencia del gas, ha venido en declive hasta ubicarse en U$75 tonelada.
El sector carbonífero del país dominado por grandes productores, como Cerrejón, Drummond y Glencore, con significativa participación en las exportaciones, inversión extranjera y PIB minero de la Nación, además de no ser gran generador de empleo, en relación con sus enormes ganancias hace precarios aportes al fisco nacional, por explotar un recurso no renovable y como compensación al irreparable daño en fértiles suelos de cultivo, polución de fuentes de agua y aire, afectando la salud de comunidades rurales vecinas a las zonas mineras, ya que goza de generosas exenciones tributarias, además de ventajas asociadas a un régimen de regalías de los más favorables de la región, y otros beneficios.
Mientras tardíamente el Estado colombiano ha decidido hacer cumplir la ley para proteger el medio ambiente, así se exporte menos carbón, la Drummond que había preferido contaminar la bahía, afectar la salud y pagar multas, en lugar de utilizar los puertos alternos de Santa Marta o Prodeco para el cargue directo alegando problemas logísticos, deberá concluir durante este trimestre el sistema que viene implementando, de un ducto y bandas transportadoras para carbón encapsulado de conformidad con la normativa de Colombia.
Ahora, frente al derecho al trabajo de 5.200 personas de la Drummond, quien amenaza con trasladarle a sus empleados los impactos de su propio incumplimiento, el Ministerio de Medio Ambiente emitió un comunicado que reitera el pronunciamiento hecho el pasado 23 de diciembre por el Ministerio de Trabajo, donde considera que al no existir fuerza mayor o caso fortuito en la situación de la empresa, y ninguna razón que sea atribuible a los trabajadores, no autorizaba la suspensión de contratos laborales. Esto para prevenir otras consecuencias de una decisión que le costaría al país no percibir $352 mil millones, que dejaría de pagar la minera hasta marzo por concepto de impuestos, regalías y tarifa a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI.