La fortaleza de toda institución, pero muy especialmente de las públicas, está en la confianza que genere en la comunidad a partir sus ejecutorias o realizaciones las cuales deben ser tan ajustadas a la razón como a la verdad y a la ley. Ese es el gran valor que debe primar como esencia fundamental de nuestra sociedad y en sus autoridades. Pues justamente una de las organizaciones más emblemática y fundamental en cuanto a la aplicación de la justicia en el país es la Fiscalía. Desde su creación como ente investigador autónomo, con la facultad de acusar con base en el material probatorio recolectado de toda actuación judicial, ésta se volvió protagonista de primer orden pues le compete establecer, con base en la verdad y en criterios técnicos, la responsabilidad o no de algo o alguien en todo caso sucedido.

En ese sentido la Fiscalía Seccional de Caldas, al igual que el organismo base nacional, ha tenido todo tipo de actuaciones positivas, quizás con algunas fallas que no faltan donde hay manejos humanos, pero dejando en evidencia que aunque el delito y quienes lo cometen son cada vez más sofisticados y de múltiples facetas, también se tienen las herramientas para combatirlos sin importar disfraces.

¿Pero qué sucede cuando se politizan entidades como la Fiscalía? Pues pasan cosas como las que se ven en Caldas, donde hay procesos judiciales represados por cantidades, sin ninguna explicación lógica aceptable, mientras se deja la incertidumbre de si existen o no responsables de los mismos, convirtiendo la realidad ciudadana en un mar de especulaciones que afecta tanto a los sindicados y a las entidades objeto de vigilancia, como al mismo órgano investigador.

Nada justifica, por muy carente de recursos que haya estado la Fiscalía, si esa es la razón, que en este departamento existan cerca de 50 procesos sin resolverse que se llevan por presuntos delitos contra la administración pública desde el 2005. Y no son simples pérdidas de facturas, ni pequeños conflictos de intereses o la pérdida de una resma de papel tamaño carta. Son asuntos de extrema delicadeza y gravedad, la mayoría correspondientes a actuaciones administrativas públicas, que sin saberse aún si en ellos hubo o no responsabilidad, muy a pesar de que algunos despierten profundas sospechas, entraron en injustificados letargos que no tienen explicación. Como lo advirtió en un reciente documento que le envió la Corporación Cívica de Caldas (CCC) a la Directora Seccional de Fiscalías encargada, Luz Elena Hoyos Londoño, hay una enorme preocupación entre los caldenses porque en administraciones pasadas de ese ente que se cuentan desde el 2005 no se resolvieron investigaciones de trascendencia, para bien o para mal, es decir, para absolver o acusar, contribuyendo a que crezcan mantos de duda que lo único que producen son desconfianza tanto en los sindicados o comprometidos, como en el propio organismo responsable de resolver los procesos. Solo para tener una simple referencia de los pendientes de la Fiscalía en Caldas desde el 2005 y que le menciona la CCC en la carta referida, se cuentan siete (7) procesos de la Industria Licorera de Caldas, cinco (5) de la Territorial de salud de Caldas, siete (7) de la Unidad de Delegación Minera, uno (1) del Fondo Mixto, seis (6) de la Gobernación de Caldas, ocho (8) de la Universidad de Caldas, diez (10) de la Alcaldía de Manizales y tres (3) de la Secretaría de Tránsito de Manizales.

Los anteriores procesos corresponden a investigaciones abiertas desde el 2005, es decir hace siete años o a punto de cumplir ese tiempo. Aclaro que investigar no es fácil pues demanda mucho tiempo, esfuerzos y presupuesto para buscar y recolectar pruebas, hacer indagaciones y recoger testimonios con el fin de armar lo que se presume hubo o sucedió. Sin embargo por eso tampoco pueden dejarse al garete o en el olvido casos que tienen una enorme trascendencia en la cotidianidad de entidades públicas como las que se cuentan anteriormente. Algo pasa o ha pasado allí y por lo tanto los directores seccionales que se cuentan desde el 2005 a la fecha deben rendir cuentas sobre estos casos.

Pero además de los 47 procesos que refiere la CCC, la Dirección Seccional de Fiscalías entregó un listado de los casos activos en investigación, correspondientes a hechos que tienen que ver con la administración pública en Caldas entre el 2005 y el 2012, y se cuentan en total 121 procesos. Estos que se relacionan desde interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por omisión, prevaricato por acción, peculado por aplicación oficial diferente, fraude a resolución judicial o administrativa de policía, peculado por apropiación, violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades en incompatibilidades, concusión, usurpación de funciones públicas, peculado culposo, peculado por uso y peculado por aplicación oficial diferente, están ahí con indiciados únicos o varios por caso a la espera de ser resueltos so pena de que deban ser cerrados porque se vencieron los términos.

Esos 121 procesos están distribuidos, unos más unos menos, en varias dependencias, la Fiscalía 1 Seccional Manizales, la Fiscalía 5 Seccional Manizales que es quizás la que mas asuntos maneja y la Fiscalía 10 Seccional Manizales. De los nombres de los imputados ni qué hablar, funcionarios actuales y exfuncionarios, algunos cuestionados muy conocidos, otros no tanto, pero en fin involucrados en casos contra la administración pública. ¿Qué pasará con ellos y con los procesos? ¿Se quedarán estas investigaciones años y años sin la atención debida? ¿Habrá presiones o pedidos para que el trámite de los mismos se dilate? Vaya uno a saber.

Lo único que nos queda es mantener los ojos abiertos, exigir que se terminen las investigaciones y confiar en que el nuevo Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, les pida a sus funcionarios en las regiones solución rápida a tantos procesos que están a punto de fenecer, lo que de darse nos dejaría a los caldenses sin saber si lo que ha ocurrido se hizo mediante una asociación para delinquir, fueron actuaciones individuales o no pasaron de ser simples alarmas infundadas. Tanto el Fiscal General como la Directora Seccional tienen la palabra.