Con el proyecto de reforma que le está proponiendo el gobierno al Congreso se busca aparentemente generar empleo formal, mejorar la equidad del sistema tributario, aumentar el número de personas que tributan y el recaudo de los impuestos a las sociedades, y reducir las cargas parafiscales para promover el empleo, manteniendo neutralidad en el recaudo.

Sin duda tiene sentido rebajar las cargas fiscales vinculadas al salario porque ellas actúan como un desestímulo a la oferta de empleo, aunque algunos respetables economistas creen que esa rebaja no va a tener efecto sobre el empleo como dicen ellos mismos que no lo tuvo la liberalización del régimen laboral que redujo el costo del trabajo. Es difícil creer en todo caso que si este costo baja, los empleadores no van a emplear más trabajadores. Si reducen efectivamente las cargas parafiscales va a ser posible dirimir mejor esta controversia.

El problema es cómo financiar esta rebaja y qué efectos tiene esa financiación sobre la demanda y la equidad. El gobierno busca rebajar los impuestos a la nómina y la tasa de impuesto a la renta de 33 a 25 por ciento, pero crea otro impuesto a la renta del 8 por ciento, con menores deducciones. Se da la impresión de reducir tarifas de renta, pero en realidad se aumenta ese impuesto subiendo los impuestos de todas las empresas por la vía de reducir las exenciones e incluyendo como contribuyentes del nuevo impuesto a la renta a aquellas que operan en zonas francas o tienen convenio de estabilidad tributaria. No se sabe si el efecto neto de estas acrobacias fiscales es favorable para las empresas y mucho menos si lo es para el empleo, pero es claro que no contribuyen a la transparencia del sistema tributario y complican procedimientos que son originalmente enredados y confusos.

El objetivo de comunicarle equidad al sistema tributario no parece cumplirse. Se incluye a muchos nuevos contribuyentes de ingresos bajos que antes no tributaban al tiempo que se favorece a los de altos ingresos. Un documento de Santiago Pardo, reconocido experto tributario, muestra varios ejemplos que señalan esto: La reducción del impuesto de ganancia ocasional, por ejemplo, o la eliminación de la renta presuntiva para capitales ociosos.

Querer rebajar el IVA de los langostinos y elevar el del bocadillo, reducir el impuesto de renta de las pensiones más altas (¿las de congresistas?) y aumentar el de las más bajas, gravar el consumo de frutas, pan y alimentos básicos, y rebajar los impuestos al consumo de licor en bares son probablemente errores inadvertidos, pero no ayudan en la presentación y crean preocupación sobre el cuidado con el que se redactó la reforma y la ausencia de empatía con la ciudadanía.

Es necesario rebajar los impuestos a la nómina. También lo es aumentar el número de personas que tributan y los impuestos que pagan. Reducir el impuesto a la ganancia ocasional, y aún eliminarlo puede ser mejor que continuar con la proliferación de formas legales imaginativas para evitarlo. Y se requiere comunicarle al sistema tributario mayor equidad y eficiencia. Pero ¿es esta reforma la mejor manera de hacerlo, sin suficiente discusión o análisis, y en forma apresurada?

Sería mejor que se hiciera en 2013, sin urgencias y con mayor claridad. Por ejemplo, se podría admitir parte del impuesto a la nómina como un anticipo del impuesto de renta y compensar esta reducción con la eliminación de incentivos a la inversión, como lo propusieron Rodrigo Botero y Domingo Cavallo, incrementar los impuestos de las personas naturales y el número de personas que tributan.