En el examen de los tres años de su gobierno, el presidente Santos pasó raspando, le fue mal en las encuestas, aunque no como se pensaba desde distintos sectores de la opinión pública. Porque a Santos le llueven las críticas, de la derecha, de la izquierda, solo parece tener buenas apreciaciones de su grupo más cercano o con sus cuotas burocráticas. Esta evaluación le cayó al presidente en uno de los peores momentos de su mandato, múltiples protestas sociales, desatinos diplomáticos y políticos, rechiflas en actos públicos, crisis en el modelo de tierras, la industria y el sector agropecuario desacelerados.
 

En los análisis que se han hecho de las debilidades del Gobierno son reiteradas y subrayadas la incapacidad de comunicar los logros y la poca ejecución de las políticas públicas. El propio Gobierno ha reconocido estos vacíos, como si el problema fuera de forma, no de fondo. Sin embargo, lo que parece molestar al ciudadano son las promesas incumplidas. Según la encuesta publicada por la revista Semana el 60% de los colombianos considera que el Gobierno no ha cumplido sus ofertas de campaña, ese mismo porcentaje coincide con el del número de personas que no votaría por reelegir al actual presidente.

Este Gobierno prometió importantes reformas a la justicia, a la salud, a la educación, a los tributos y al sistema político. Para eso se estructuró la Unidad Nacional -no solo fue para asegurar una cuota burocrática- para garantizar los apoyos necesarios para sacar adelante las reformas estructurales que este país necesita. Sin embargo, fuimos testigos de como esos proyectos de ley, pensados para tener un país más justo, más moderno, más seguro, fueron insuficientes o quedando atrapados en esa maraña que es el Congreso. Ahí terminaron desdibujándose, algunos se surtieron como un trámite con mucho de forma y poco fondo, mientras los otros concluían como una burla a la democracia.

En materia económica, las locomotoras todavía no arrancan, ojalá puedan hacerlo en el año que queda. A esto se suma la difícil situación que hoy atraviesan los sectores agropecuario y manufacturero. Así como el malestar que genera en el ciudadano tener que pagar por los fertilizantes, los medicamentos, los combustibles, el cemento, y quién sabe por cuantos productos más, los precios más elevados de la región. Es difícil pensar en un desarrollo económico sostenible sustentado bajo esas premisas.

Queda la paz, y aunque existe el convencimiento de que no será la paz completa, sí se convertirá en un símbolo importante y en un empujón a la estima nacional. Sin embargo, esta tiene pocas posibilidades de consolidarse si no se logran hacer las reformas estructurales para hacer de este un Estado más justo, más moderno, más seguro. Tampoco prosperará si no se cuenta con sectores productivos estables que permitan la incorporación de desmovilizados, víctimas, desplazados y campesinos a fuentes de generación de riqueza dignas y legales.

Mientras tanto, el panorama político para el año electoral que está empezando, presenta unos partidos desdibujados y otros que desaparecen por falta de maquinaria electoral. Así la democracia se llena de peligrosos personalismos -uribismos, santismos, petrismos, robledismos- y nos deja la posibilidad de escoger presidente entre dos miembros de una misma familia. En este contexto, es difícil que el ciudadano esté optimista.