¡El Congreso no para de dar sorpresas! Ahora está empeñado en restringir la posibilidad de la investigación disciplinaria por parte del Procurador General de la Nación. Seguramente, porque han visto que si se les aplica el código disciplinario muchos de los padres de la patria terminarían sancionados, como en efecto ha ocurrido en los últimos tiempos.

Se afirma que las investigaciones de tipo penal y disciplinario quedarían en la sala especial de la Corte Suprema que tendrá esta función. Pero en este caso se crea un sistema especial para los congresistas frente al resto de servidores públicos, que no es sano. Una cuestión corresponde a las violaciones penales que deben ser estudiadas por la Corte, pero no las fallas disciplinarias.

Quitarse controles no le queda bien al Congreso. El cambio que le quieren introducir al artículo 277 de la Constitución Política, le quita al Procurador General de la Nación la posibilidad de hacer las investigaciones disciplinarias contra los congresistas, quienes serían los únicos funcionarios públicos de elección popular que quedarían por fuera de su control. Lo que deja en claro el nivel de excepcionalidad que tendrán. Así, como se prevé, en la misma reforma a la justicia, que la Contraloría General de la Nación mantenga la inspección fiscal sobre los congresistas, igualmente las cuestiones disciplinarias deberían quedar en manos del Procurador. Así se evita un régimen de excesiva excepcionalidad para los legisladores.

De hecho, el actual Procurador ha adelantado diversas investigaciones contra congresistas. Por ejemplo la que le abrió al senador Jorge Enrique Robledo, contra la cual nos manifestamos en su momento, finalmente fue cerrada al no encontrar méritos para continuarla. Pero otras han sido implacables, como la destitución de la senadora Piedad Córdoba.

La reforma a la justicia debe endurecer el marco jurídico, para que se pueda perseguir de manera certera la impunidad que reina en el país. Aflojar controles no ayudará al cambio para una rápida y cumplida justicia, y mucho menos si es para favorecer a los congresistas.

El trámite de la reforma a la justicia entraña tantas cuestiones nodales de la vida social y política del país, que se debe mantener un monitoreo muy cercano por parte de la sociedad civil sobre el texto que están aprobando los congresistas. Allí no se puede permitir que a última hora cuelguen micos vergonzosos.