El PIB colombiano que se concentra en el medio urbano, anuncia una brecha de productividad entre ciudad y campo, que se traduce en unos precarios ingresos de los productores rurales, varias veces inferiores a los de la economía de la ciudad. Según la Cátedra Manuel Ancízar de la Universidad Nacional de Colombia, dicha relación es de seis a uno. Además, los ingresos de los subsectores arrocero, cebollero, papero, cacaotero, productor de cítricos y lechero, por haber sido el comodín de los TLC, caerán entre un 25 y 50 por ciento.

La causa que parte de un modelo económico pensado para los actores sociales privilegiados del sector agroindustrial, se relaciona con incumplimientos gubernamentales, importaciones y contrabando de productos que atentan contra la autosuficiencia alimentaria, negación a diálogos para concertar precios de insumos agropecuarios y, sobre todo, con la ausencia de políticas públicas que abriguen la producción rural y el bienestar del campesino colombiano.

El sector cafetalero colombiano, que siendo una producción agroindustrial, y como tal un bien que no entra a la esfera de la producción rural por no gozar del carácter artesanal, a pesar de haberse consolidado como clúster, sufre las consecuencias del deterioro de los términos de intercambio y la revaluación, además de la crisis por la incapacidad de la dirigencia del gremio que en los últimos tiempos actúa como extensión del gobierno de turno.

Lo anterior, resultado de una política cafetera errada, que centró sus esfuerzos en la esfera de la producción creando a Cenicafé, pero cometiendo el error de incursionar en distractores (Aces, por ejemplo), en lugar de emplearse a fondo en la transformación del "grano de oro" y mercadeo de sus subproductos con valor agregado, dejando espacios para que terminaran Alemania e Italia, en su orden, siendo los primeros países productores de cafés soluble y de gamas de café de buen sabor, en el mundo.

Similar situación viven los mineros artesanales olvidados por el Estado colombiano: tras el desmonte del modelo keynesiano, conforme Ecominas da paso al neoliberalismo y la suerte del minero queda al vaivén de los precios internacionales del preciado metal, florecen las contradicciones sociales y ambientales que hoy tocan fondo en un ambiente de especulación, amparado en una política de concesiones dispuesta a sacrificar, además de ecosistemas y cuencas abastecedoras de agua, el patrimonio material e inmaterial de comunidades afrodescendientes e indígenas, caso Marmato.

Ahora, como evidencia de una flaca política para el campo en Colombia, donde el PIB agropecuario pierde participación al pasar del 25% en 1970 al 9% en 2008, aunque en términos absolutos la dinámica muestra crecimiento gracias a su inserción en la agroindustria y las exportaciones, preocupa que en un presupuesto de $185,5 billones aforados para el 2013, mientras el Ministerio de Defensa se proveía con $12,6 billones, el de Agricultura recibía $1,6 billones; aún más, que en el presupuesto global del 2014 estimado en $199,5 billones, el sector agropecuario sufrirá una reducción del 32% respecto a la apropiación del 2013.

Hasta acá, una base que conduce a explicar los paros como una justa expresión de campesinos, cuya problemática se relaciona con precios no remunerativos para sus artículos, impactos asociados a los eventos de La Niña 2010-11, ausencia de créditos subsidiados y altos costos de los insumos, además de problemas estructurales más complejos como la ausencia de políticas de ciencia y tecnología para elevar la productividad del agro, blindaje para los pequeños productores en un mercado de capitales y de insumos agropecuarios, drogas y fertilizantes controlados mediante prácticas monopólicas, las exigencias del sistema de certificación de semillas, las barreras por permisos para cosechar madera, además de una red terciaria cuyo mantenimiento descansa en los precarios presupuestos de municipios desfinanciados.

Así las cosas, la solución a las reivindicaciones tendrá que contemplar objetivos estructurales, similares a la restitución de tierras, como buscar la equidad y cerrar la brecha de productividad, además de medidas coyunturales para dignificar al campesino recobrando su confianza en un ambiente turbio, dados los efectos de graves inconsistencias como haber desconocido el paro y oscilado en el manejo entre amenazas frente a justos reclamos y concesiones asistencialistas por medidas de hecho, equivalentes a malversar recursos públicos.