Si se quisiera encontrar una buena descripción de parte de las realidades de los campesinos colombianos en la llamada época de "La violencia" de mediados del siglo anterior, podría recurrirse a los escritos de los hermanos Caballero Calderón, advirtiendo las diferencias de estilo entre ellos. El menor de ellos, Lucas, sin renunciar a su fino humor, construyó hermosas y reverentes representaciones de las personas de las zonas rurales de Boyacá, Santander y Cundinamarca. Entre tanto, Eduardo, en un estilo más "aconductado" plasmó con finura literaria los horrores de la violencia y la discriminación a que era sometida la sociedad rural colombiana, mayoritaria para aquella época. Obras como "Manuel Pacho" o "Siervo sin Tierra" son ejemplos de narraciones de ficción cargadas de crítica sobre la cruda realidad del momento.

Para quien leyera hoy la novela sobre Siervo Joya y su empeño en convertirse en propietario de una pequeña parcela, podría parecer que lo que se ilustra corresponde a situaciones enclavadas en ese lugar y en ese momento. Lo lamentable es que, en medio de diferencias de forma, la tragedia de los campesinos desposeídos, asesinados y puestos en frentes de combate por conflictos que no son los suyos, no se restringe a la Boyacá de 1950, pero tampoco al Cauca de los 80, ni al Mapiripán de los 90.

Un trabajo doctoral presentado recientemente en la Universidad de Caldas da cuenta que el problema de fondo sobre el acceso a la propiedad de la tierra y los medios de producción se mantiene vigente y más cercano de lo que pensamos. Según datos de dicha tesis, 8,7% de los predios rurales de Caldas abarcan 70,5% de la superficie rural del departamento (cifras 2012), y en el centro-sur del departamento, que sin duda es la subregión menos pobre de Caldas, la concentración es mayor, pues en 6,5% de los predios se puede contener 73,3% del área rural.

Es inevitable pensar en el nivel de dificultad para combatir la pobreza rural en Caldas, cuando cerca de 40% de los predios rurales tienen menos de una hectárea, y más aún si muchos de esos predios tienen suelos degradados, deficiente infraestructura de servicios, sus propietarios están desvinculados de las dinámicas del mercado, o estas les son contrarias, pero además incrementa la dificultad para trabajar con tales tamaños de operación, cuando muchos de quienes quedan habitando esos predios son las personas de mayor edad de cada familia y a la vez los que menos escolaridad alcanzaron.

Nos hemos rasgado las vestiduras en Colombia cuando nos dicen que tenemos una vergonzosa ubicación en los listados mundiales de desigualdad, con un índice de Gini que circunda el valor de 0,56. La tesis doctoral a la que hacía referencia, en cuanto a tenencia de la tierra, presenta para Caldas un índice de Gini de 0,81, muy cercano a la desigualdad total, pero que se acerca más aún en las particularidades de la subregión centro-sur, con un valor de 0,87, o la del municipio de Villamaría, con un valor de 0,92.

Así las cosas, no es descabellado pensar que la tragedia de Siervo Joya y su lucha desesperada por tener una tierra de la cual subsistir con su esposa, su hijo y su perro, se puede estar repitiendo hoy en cualquier paisano nuestro de Villamaría, Riosucio, Victoria o cualquier municipio caldense. Tampoco es descabellado pensar que las estructuras y modelos de propiedad y de trabajo de tipo feudal prevalecen aún en nuestras veredas, y que han sabido evolucionar para perpetuarse.

Ante esta situación, no vale repetir fórmulas ni recetas de otros territorios, como tampoco entrar en las "modas" del desarrollo. Por ejemplo, los esquemas de "Pago por servicios ambientales" sugieren de manera genérica que los proveedores de dichos servicios están en las partes altas de las cuencas y generalmente tienen tantas restricciones para la producción que son pobres, mientras los usuarios de esos servicios viven en tierras planas, más productivas y en consecuencia deberían pagar para ayudar al flujo de dinero hacia las partes altas. En Caldas, es posible que parte de esas hipótesis se cumplan en cuencas como Guarinó, y entre algunos proveedores de servicios de Marulanda (pobres) y algunos usuarios de los mismos de La Dorada. Pero en una cuenca como Chinchiná, pensar que el esquema funciona igual, condicionaría a los pobladores de la cuenca media, pobres en ingresos y en tierra, a compensar a los propietarios de las tierras del páramo, que justamente son de los menos pobres de la cuenca.

No vamos a poder solucionar estos problemas estructurales si no los reconocemos y los miramos de frente, desnudando todas sus características, pero luego de ello hay que motivar desde la creatividad de los funcionarios, las innovaciones institucionales que permitan que los problemas de siempre los atendamos de manera diferente, para ver si realmente los transformamos, y no solo los paliamos.