Colombia a lo largo de su historia no ha podido configurar un sistema judicial idóneo, imparcial, dinámico y justo. Paradójicamente la literatura sobre temas jurídicos es la que ocupa más espacios en todas las bibliotecas del país.

La inmensa cantidad de abogados graduados en las muy eméritas universidades, que tanto brillo le han dado a la nación colombiana, como los graduados a manadas en todos los garajes adyacentes a las residencias de las ciudades del país, han escrito y escriben sobre lo que a su manera debiera ser el sistema jurídico nacional.

Los presidentes de la República, por lo menos los diez últimos, han llegado al solio presidencial con una reforma judicial en las manos. La misma, que estruendosamente fracasa desde el primer día de su consideración. Para muestra la que hace poco fracasó con gran escándalo antes de ser considerada por el parlamento.

Desde un principio se instauró en la cumbre del armazón jurídico que rige el comportamiento nacional un poder inexpugnable que toda la nación le teme, porque tiene las armas para hacer valer sus decisiones, así atropellen conceptos y personas que salgan a su camino. Sus titulares son dueños y señores de su ámbito.

Cualquier modificación que trate de ingresar en sus dominios tiene que ser consultada previamente, y evitan hacer parte de comisiones o grupos de trabajo que los presidentes conforman para iniciar la discusión de sus propuestas. Una clase de boicoteo subliminal que ha tenido un éxito total.

La falta de justicia hace presencia diariamente en todos los rincones de Colombia. Cuántas veces los medios de comunicación informan sobre ciudadanos confinados en una cárcel, porque la justicia los ha condenado, y al cabo de cinco o diez años, por algo en el azar judicial, tuvieron que declarar inocentes a estos sus reos. Casos como estos se suceden con una frecuencia inusitada.

Criminales abyectos, de la guerrilla o de la delincuencia común, adquieren su libertad muchas veces inmediatamente, otras al cabo de condenas que producen risa. Al mismo tiempo, militares eminentes considerados por las gentes como héroes nacionales, son enviados a las cárceles a pagar hasta treinta años de prisión.

La Fiscalía, parte integrante del tinglado judicial, es algo de excepción. Algo para ripley. De repente le dio por acusar a Sigifredo López, exdiputado del Valle, secuestrado durante algo así como ocho años con varios de sus compañeros, de ser coautor de este su secuestro colectivo, con pruebas inventadas, procurando alardear algún éxito que desdibujara sus permanentes fracasos. Después de meses persiguiendo este logro fantasioso, Sigifredo fue declarado libre de toda sospecha y culpa. Fue tal el escándalo y el fiasco monumental, que el señor fiscal de la Nación ordenó a sus subalternos pedir perdón público a Sigifredo y a su martirizada familia. No hubo renuncias esperadas por tamaño despropósito.

Otro caso tenebroso entre los miles que se encuentran a lo largo y ancho del país. El pasado 17 de junio fue asesinado un brillante joven abogado, próximo a viajar al exterior a profundizar sus estudios, en horas de la noche y en vía a su residencia en un importante barrio de Bogotá cuatro asesinos le dieron muerte para robarle su celular. Cuatro asesinos dejados en libertad alegando vencimiento de términos, figura tétrica bajo la cual se ampara la impunidad. Sus padres como en todos los casos que a diario se presentan en el país, claman justicia a todas las autoridades habidas y por haber, desde Bucaramanga donde vive su afligida familia.

Cuando uno entra a mirar la justicia de este país nunca acaba. No todo son novedades. La misma mirada al pasado judicial encontrará los mismos hechos y la misma ausencia jurídica. Los colombianos tienen a la justicia en un lugar muy bajo en el ranking de sus aprecios. Algo así como el 12% - 15%.

Para colmo El Espectador publica que Colombia no cumple con condiciones para el TLC con la Unión Europea. Que la Federación Internacional de Derechos Humanos, considera que los compromisos del Ejecutivo colombiano en la lucha contra la impunidad no son suficientes.

Ahora, para mal de males, esta justicia nuestra realiza un paro de actividades que duró 28 días. Todo, producto de su naturaleza. Una cúpula que tiene en sus manos el mantenimiento de su hipérbole y una masa humana de jueces de base, que vive de su anemia salarial.

Según Semana, cuando un juez enfrenta dictando sentencias a poderosos delincuentes talla Mancuso, con sueldos de seis millones de pesos, los intocables magistrados que las revisan en la corte, cobran entre $22 y $25 millones mensuales. Mejor muestra de su desgreño, imposible.

Esta justicia en crisis desde su nacimiento, lógicamente conduce a la impunidad, impunidad que desemboca en criminalidad y ésta en la violencia que desde entonces padece Colombia.