El deterioro de la seguridad dejó de ser un asunto de simple percepción ciudadana. En el último año y medio, la ola de criminalidad ha sido exponencial en casi todo el país. Los actos terroristas, los hostigamientos contra la fuerza pública, las masacres, el secuestro y el hurto se reactivaron a niveles que no veíamos en el último lustro. ¿Qué está pasando? Me atrevería a decir que los factores generadores de violencia volvieron a tomar vida e inclusive se repotenciaron, con la connivencia de nuevos fenómenos, que están socavando el delicado tejido de nuestra cohesión social. Con un agravante: no hemos sincerado el debate.
La situación en el Urabá antioqueño y chocoano no es aislada. Los habitantes del Magdalena, del sur de Bolívar, de la Serranía del Perijá, de los Montes de María, del Catatumbo o del norte del Cauca hablan de lo mismo: de las alianzas siniestras entre guerrillas, bandas criminales y narcotráfico. El explosivo coctel evidencia los enormes boquetes que se abrieron en el combate al narco-terrorismo, cuyas estructuras “que otrora fueron el centro de la exitosa estrategia de la política de seguridad” lucen intactas.
La estrategia es vox populi en zonas semi-urbanas y rurales del país, en donde el sentimiento de frustración crece, pues la paz que creíamos cercana, se diluye ante la nueva amenaza. Quienes la viven, saben que volvimos a un escenario de guerra asimétrica. De un lado, están las alianzas criminales que funcionan no solo para la producción de ilícitos, el narcomenudeo o el rasponazo a la producción minera y petrolera. También se activan para ejecutar la guerra de guerrillas contra la población civil, impulsar los paros armados o las invasiones ilegales de predios.
Del otro lado, están nuestras fuerzas armadas, que afrontan la indefensión jurídica y una animadversión que crece, por cuenta de una campaña mediática sin precedentes. A la carencia de una defensa técnica y jurídica, se sumó la lucha ideológica en contra del derecho constitucional del Fuero Penal Militar. Una cruzada avivada por activistas profesionales de ONG, afectos al narco-terrorismo y de una izquierda recalcitrante que, incluso ha aprovechado el desconcertante discurso de la “llave de la paz” y del mal llamado proyecto de ley de justicia transicional. En las tropas la disyuntiva es la misma: no tiene sentido combatir para ser empapelado o para ver en un futuro al enemigo riendo desde las mesas de negociación.
Más aún, las redes de informantes que funcionaban en la ruralidad al amparo de la fuerza pública, han venido siendo desmanteladas. Malo para nuestro Ejército y nuestra Policía, pues estas estructuras eran parte de los ojos en la retaguardia de las tropas. Y muy malo para la ruralidad, que vuelve a enfrentar la desprotección, la imposibilidad de la denuncia y los ánimos caldeados que están instigando quienes están interesados en mantener los odios y evitar que prospere la paz en el país de la mano del monopolio de las armas del Estado.
Necesitamos hacer un alto. La reorientación de la estrategia militar de la que hablaron los generales Navas y Mantilla, es solo la punta de iceberg que requerimos para afrontar el enorme desafío que hoy supone la obscena articulación de la criminalidad, extendida en casi toda la geografía nacional. Para superar los odios que se están sembrando en la región por cuenta de los enormes retos, económicos, sociales y jurídicos de la restitución de tierras. Para cerrar las puertas giratorias de nuestras fronteras al hampa y para consolidar una política anti-narcóticos que ponga fin a la financiación del conflicto.