Sin duda no se evidencia en el pasado reciente, momento más movido desde el punto de vista político. A poco menos de un año para las elecciones presidenciales, las movidas políticas son constantes y las especulaciones abundan. Es evidente que la figura de la reelección presidencial, apresura el debate electoral y orienta la agenda, a propósitos diferentes a las políticas públicas.

No cabe duda que modificar la Constitución Nacional con criterios exclusivamente coyunturales y mediáticos, sin pensamiento de largo plazo, evidencia la fragilidad institucional y desconoce la voluntad del constituyente primario. Sería mucho más benéfico para el país, contar con períodos presidenciales de seis años sin posibilidades de reelección. Con ello, un mandatario orientaría su esfuerzo exclusivamente a los propósitos de su plan de Gobierno. Trabajaría en función de políticas públicas de más largo plazo y tendría tiempo para estructurar y ejecutar proyectos dentro de un mismo período constitucional.

En el evento hipotético de pensar en la reelección de alcaldes y gobernadores, sería válido solo para ciudades de alta población, donde el voto de opinión juega un papel preponderante. Respecto de los medianos y pequeños municipios, el poder supremo de los mandatarios, la maquinaria electoral aceitada y el poco margen de maniobra de la oposición, enervan cualquier posibilidad de una contienda electoral justa, equilibrada y con garantías para todos los postulados. En síntesis, este país aún no está preparado y maduro, democráticamente hablando, para institucionalizar la reelección regional.

En la actualidad, el presidente utiliza su primer año para formular y aprobar su plan de desarrollo, el segundo y tercer año para ejecutarlo y el cuarto para preparar la reelección; es decir, el presidente escasamente gobierna dos años. Si a todo ello agregamos que durante los escasos dos años de mandato, se surten las elecciones regionales (Gobernadores y alcaldes), nos encontramos con un panorama difícil en materia de planeación y fortalecimiento institucional. De ahí que sea una constante señalar la poca ejecución de los gobiernos y la dificultad para estructurar proyectos de gran envergadura.

No es sano para la institucionalidad del país un escenario donde se vive periódicamente en elecciones. Sería de gran utilidad, que los períodos de alcaldes y gobernadores coincidieran con el de Congreso y presidente, a fin de armonizar en el tiempo las políticas públicas y los planes de desarrollo.

Del mismo modo, dedicar una sola jornada electoral para las diversas dignidades, implicaría un gran ahorro para el fisco nacional y garantizaría paz política por más de un lustro. Evidentemente, para ello se requiere trabajar intensamente en pedagogía electoral y cultura ciudadana.

Con una sola jornada electoral podría pensarse incluso en el voto obligatorio como derecho y deber de los ciudadanos. La participación masiva de la población, daría mayor legitimidad a los gobernantes que, en muchos casos, son elegidos por un porcentaje mínimo de la población. Esta exigencia lograría persuadir a los ciudadanos a fin de que se preocupen más por lo público y evalúen a cada candidato con su propuesta. De tal manera que aquellos que no hacen uso de su derecho al voto, utilicen esta poderosa herramienta para tomar la decisión que más comulgue con los intereses colectivos.