El 19 de noviembre de 2012 pasará a la historia de Colombia como uno de sus peores días. Porque ese día perdimos una porción enorme del territorio nacional, de acuerdo con el fallo de la Corte Internacional de Justicia o de La Haya, fallos que considera "inapelables" María Ángela Holguín, ministra de Relaciones Exteriores. Con los más de 70 mil kilómetros cuadrados perdidos se fueron las riquezas pesqueras y el suelo y el subsuelo de esa porción del mar. Y se perdieron también los bienes intangibles que los raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina valoran como lo que más. Una desgracia para la nación, que no podrá borrarse sin importar las mentiras piadosas y las jugadas políticas a las que se recurra.

Ojalá el gobierno nacional sea capaz de acordar con el de Nicaragua las normas que permitan las mejores relaciones entre los dos pueblos, en especial las que tienen que ver con la vida de los sanandresanos, quienes, con suficientes razones, aseguran que los gobiernos de Bogotá no hicieron lo que debían en defensa del territorio nacional, al igual que tampoco han cumplido sus deberes con las necesidades de los habitantes del archipiélago. Más vale que Santos no repita su frase cínica de que los "isleños quedarán mejor que lo que estaban antes del fallo".

Lo que resta es no permitir que los gobiernos de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, en cuyos períodos se dio la parte final del litigio, tengan éxito en su pacto para echarle toda la culpa a la Corte Internacional de Justicia, de manera que ellos evadan sus responsabilidades. Que la actuación de Colombia en La Haya "fue una política de Estado", al decir de la ministra Holguín, es la confesión de que decidieron arroparse con la misma cobija y absolverse mutuamente, no sea que el resto del país concluya lo que ya concluyeron los habitantes del archipiélago: que los gobiernos de Colombia, escandalosamente ineptos, fueron incapaces de defender el interés nacional.

En el tapen-tapen diplomático, además del galimatías de Santos de que sí pero que no, rechazo pero acepto, lo mismo pero distinto, chilla la decisión hasta cómica de retirarse del Pacto de Bogotá -que obligó a Colombia a someterse a la Corte de La Haya-, solo que lo hacen ¡varias décadas tarde! Porque en 1980 los nicaragüenses desconocieron el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1927 entre los dos países y en 2000 el presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, anunció que denunciaría a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia. Y no reaccionaron en 2007, una vez el fallo de ese tribunal dejó claro que la decisión final sería adversa a Colombia, al no reconocer el meridiano 82 como el límite del mar entre los dos países.

Cuánto molestan los alardes de falso patriotismo de un gobierno que anda firmando TLC y acuerdos de inversión casi que a la loca, pactos que someten a Colombia a condiciones económicas y de soberanía en extremo leoninas, así como a tribunales de arbitramento diseñados por las trasnacionales, en los que el país tiene bastante menos garantías de las que brinda la Corte de La Haya.

Que no ha sido el nacionalismo, ni siquiera en pequeñas dosis, el que ha orientado las relaciones internacionales de Colombia puede demostrarse hasta la saciedad. Hay que ver a Santos y a Restrepo clamando por entregarles las tierras rurales de Colombia, y todo lo demás, a los extranjeros. Y también puede demostrarse el papel determinante del clientelismo -político y amiguero e incapaz hasta el ridículo- en el Ministerio de Relaciones Exteriores, a pesar de que se supone que su función es la importantísima de defender los intereses de los colombianos en el mundo. Tan globalizados que se dicen, pero actúan con un provincianismo miope que espanta.

Coletilla: las 89 empresas privadas más grandes de Colombia por sus ventas -casi todas trasnacionales- apenas aportan el 4,6 por ciento del total de los impuestos nacionales. Y Santos se los quiere disminuir, mientras se los aumenta a la clase media y a los sectores populares. Del orden de ocho billones de pesos será el regalito. Plutocracia al galope.