*Armando Ramírez Olarte u Candidato por el Movimiento Político MIRA, 101 en el tarjetón.

Repensando el campo

Al hombre y a la mujer del campo, es necesario darles su puesto, su categoría y reconocerles su sacrificio y valentía en medio del olvido de los gobiernos. En un departamento y en un país de vocación agrícola, los campesinos son actores determinantes que deben ser escuchados, protegidos y apoyados por el Estado.  

La soberanía y seguridad alimentarias son responsabilidad de todos los caldenses y colombianos, del Estado mismo, y debe existir una política pública del campo, mediante la cual, el acceso a recursos y tecnología, la creación de cadenas productivas, alianzas estratégicas equitativas, el desarrollo de la agroindustria, entre otros aspectos, deben ser abordados con responsabilidad y patriotismo en el Congreso; de modo tal que tengan nuestros campesinos, seguridad jurídica.

El aspecto alimentario debe trascender a terrenos tan sensibles como los Derechos Humanos y los Fundamentales, dado que guarda y tiene relación directa con la salud y la vida; desarrollo que debe hacerse respetándola dignidad humana y la obligación del Estado para protegerlos

Por demás, es imposible no tener en cuenta la relación estrecha que existe entre campo, ciudad, productividad, emprenderismo, producción, transportación, comercialización, desarrollo e infraestructura; que debe ser abordada con responsabilidad por el Ministerio y las Secretarías de Agricultura, con proyectos, programas y acciones que contemplen y tengan en cuenta la equidad de género y las condiciones sociales y económicas de los territorios.

Servicios públicos, con cobros justos

En virtud de los fines y funciones que rigen el Estado Social colombiano, todas las personas, sin excepción, deben disfrutar de la prestación de servicios públicos con eficiencia, calidad y equidad a través de estructuras adecuadas.

El cobro de los mismos, debe obedecer al solo consumo que se ajuste a la necesidad de los ciudadanos. Las entidades prestadoras, deben entender que existe un mínimo vital que gobierna la entrega o disfrute de estos, a quienes en condiciones de vulnerabilidad, no están en la capacidad de pagarlos, pues es un Derecho Humano y Fundamental.

Tengo listo un proyecto de ley en tal sentido, para presentarlo una vez tomemos posesión de nuestro encargo ciudadano, de llevar la voz de los caldenses en la Cámara de Representantes.

El desarrollo de las actividades de nuestros campesinos y agricultores, y su vida misma, tiene una relación directa con la alta calidad en la prestación de servicios públicos domiciliarios.

Ello, hace parte integral del buen estado de salubridad que a su vez permite que sus actividades tengan un alto grado de eficiencia, puesto que se parte del supuesto que realizan en condiciones aptas.

Agricultores sin la posibilidad de acceder al servicio de agua con un alto grado de potabilidad, o que tienen que hacer las cocciones de sus alimentos con fogones de leña, serán campesinos enfermos, empobrecidos y, sus familias, sin el ingrediente o componente de salud adecuado que requieren, para poder que les aplique y tengan acceso a la política pública del campo, con sus proyectos, programas, acciones.

Salud saludable, integrando la institucionalidad

El Estado debe desplegar todas las acciones posibles para garantizar que las personas tengan el menor riesgo de enfermar y morir por aspectos previsibles, es decir, invertir en prevención. La prestación de los servicios de salud no puede ser vista como un gasto, sino como inversión social cuyo retorno no se mide en utilidades económicas, sino en salud, bienestar y vida para todos.

Para ello, es necesario que se legislar sobre una política pública de salud que permita integrar la institucionalidad, donde cada entidad cumpla y realice lo que le corresponde dentro de la integración. La salud es un derecho fundamental y el Estado colombiano debe impedir que se siga generando un negocio a costa de la vida de los ciudadanos.

Estado Social de Derecho debe conservar la tutela como forma de expresión ciudadana para defender el Derecho Fundamental a la salud, conexo con la vida, sin que haya ningún tipo de restricción fiscal que impida el acceso a los diferentes servicios. El campo requiere de tratamiento diferencial en materia de salud y seguridad social, por la condición misma de despensa alimentaria para el país.