Los cambios administrativos que se están dando esta semana en la Gobernación de Caldas, pueden marcar un nuevo rumbo para el departamento y ser definitivos para nuestro progreso y desarrollo.

Tal vez nunca en la historia de Caldas se habían presentado circunstancias tan importantes simultáneamente como las que tenemos que afrontar en estos días. La primera, la indecisión del Consejo de Estado que no define la situación jurídica del gobernador Guido Echeverri y que lo tiene en una especie de interinidad que nada bueno le trae a su administración. Tal vez por respeto a una persona buena cuyo proceso obedece a cuestiones de trámite procedimental, esta alta corte debió haber emitido su fallo desde hace rato y no someter al gobernador a una dilatada tortura sicológica que desgasta la persona, la familia y a todo el estamento departamental. Y aunque hay que abonarle su entereza, su dedicación metódica y consistente y el ejercicio de un gobierno que genera credibilidad y confianza, ya se empiezan a sentir islas administrativas en algunas dependencias de la gobernación, producto de funcionarios desleales que, obedeciendo a rumores y comentarios de pasillo, dan por descontada la salida de su jefe y empiezan a desconocerlo y a contrariar sus órdenes.

Lo segundo es el ingreso de Caldas a la Ley 550, situación que, aunque le da un respiro financiero al departamento, requiere de una cabeza honesta, sesuda y aplomada para que la coherencia en las actuaciones conlleven una pronta solución y determinen la estabilidad y viabilidad indispensables para el desarrollo institucional. Y la interinidad mencionada anteriormente puede significar un peligro para nuestro futuro inmediato, pues este es un proceso que no admite interrupciones ni cambios procedimentales una vez se llegue a acuerdos definitivos, cosa que quedaría garantizada en cabeza de Guido Echeverri como gobernador.

Lo tercero, son los cambios masivos en el gabinete departamental, algunos provocados por la urgente definición de tiempos para conservar legales las aspiraciones de los funcionarios. Se presentan cambios en la Secretaría de Infraestructura, la Territorial de Salud, la Secretaría de Educación y la Industria Licorera de Caldas, dependencias y empresas que son baluartes en la administración y cuyas cabezas son de vital importancia en la marcha y la estabilidad del departamento.

Por lo pronto, es indudable que en las demás empresas y dependencias se deben conservar sus administradores, pues sería contraproducente entrar a hacer cambios inmediatos cuando se está a la espera de una decisión judicial definitiva. Provocar una crisis en ese sentido sería sumarle más criticismo a la situación actual y significaría un descuaderne adicional, lo que no sería justo para el departamento ni prudente para el gobernador.

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En este espacio hemos tratado con crudeza las falencias administrativas y hemos sido rígidos cuando se presentan deficiencias, ineficiencias y actos delictuosos en las empresas del Estado. No nos ha faltado nunca valor para la denuncia ni nos hemos dejado amilanar por amenazas, extorsiones o provocaciones que parten de lados oscuros de la sociedad y que se esconden tras anónimos perversos o tras velados y siniestros personajes.

Por eso también tenemos que ser francos en el reconocimiento de las cosas buenas y de los méritos ganados en franca lid. Es el caso del nuevo panorama de Empocaldas. Es justo el reconocimiento de lo logrado por esta administración que le ha generado una nueva imagen a la empresa, mejorando todos sus índices, su rentabilidad y su producción y extendiendo la presencia efectiva en los diferentes municipios que son de su resorte.

La organización en la cobertura, en el recaudo, en los servicios y en las obras comunitarias son hoy tangibles para los habitantes de Caldas, y la calidad en los servicios que presta son objeto de las miradas de otros departamentos y regiones para replicarlos o contratar con ella la asesoría especializada.

Para no ir muy lejos, el ejemplo de La Dorada es una muestra de ello. Después de darle cumplimiento a los trámites, plazos y vericuetos exigidos por el Gobierno Nacional, se logró la aprobación de inversiones por más de treinta mil millones de pesos en acueducto y alcantarillado, lo que le traerá bienestar, calidad de vida y saneamiento a más del 50 por ciento de la población de este municipio, que ha carecido de estos servicios durante lustros. Vaya el reconocimiento expreso para su gerente, Juan Pablo Alzate, quien además se ha mostrado abierto para las consultas de las cifras que el suscrito le ha solicitado atendiendo los procedimientos legales. Así deberían ser todas las empresas públicas, pues del análisis de los documentos oficiales se extrae la verdad y se conocen riesgos, amenazas, fortalezas y debilidades.