Ese es el nombre que representa la esperanza de los que se niegan a creer que en Colombia funcionan las sucias y clientelistas estrategias de un funcionario político para hacerle trampa al país y asegurar su reelección. Pero es solo eso, una ilusión.

La realidad es que en el Congreso va a presentarse una elección el 27 de noviembre con ganador asegurado. Como una pelea de boxeo en la que está acordado que uno de los contrincantes caerá en el tercer round, pero hay que pelear los dos primeros para la tranquilidad de los espectadores. Por el show mediático, para seguir vendiendo boletas. Esa será la elección del Procurador.

Un espectáculo arreglado pero, a diferencia del boxeo, en este ni siquiera el público aplaude.

La apuesta del presidente Juan Manuel Santos postulando a la paisa María Mercedes López es acertada, pero no lo suficientemente fuerte. No por ella. López es una mujer con la experiencia, el conocimiento, el carácter y la calidad para liderar la Procuraduría. Lo volvió a demostrar ayer con sus declaraciones sobre la sentencia de la Corte Constitucional y el pedido de igualdad de condiciones. En un mundo ideal, o por lo menos en uno sin este nivel de corrupción, probablemente López tendría las mejores posibilidades para ser Procuradora. Sin duda.

Pero no en Colombia. La máquina clientelista de Alejandro Ordóñez que, según las denuncias de los medios, consiste en arreglos con miembros del Congreso y cuotas laborales que ha repartido para asegurar su apoyo, hace que las opciones concretas de López sean mínimas. Una lástima.

Lo que hay en frente al Congreso, por lo menos para los que votan, es una terna de uno. Y el resultado que el Legislativo va a entregarle al país, al igual que la Corte Suprema de Justicia por ternar a Ordóñez, es un procurador reelecto pero rechazado por la sociedad, deslegitimado en su objetividad de futuras investigaciones, conflictivo e invasivo con sus posturas religiosas en la política nacional, y, más grave aún, desnudado en los métodos sucios que utilizó para mantenerse en el cargo. Una vergüenza.

Y un ejemplo que explica el desprestigio en que se encuentran la política nacional dentro de la sociedad, pero sobre todo el Legislativo y la Corte Suprema, en la opinión pública del país.

Es desolador, pero ejemplificativo de la realidad, que en la reciente encuesta de Invamer Gallup, el Congreso, los partidos políticos y el sistema judicial peleen con la guerrilla de las Farc los últimos lugares de favorabilidad.

Eso demuestra cuánto están desconectadas esas instituciones, trascendentales para el país, en su labor de representar a los colombianos por los que fueron elegidos.

El país necesita un Congreso y una Corte Suprema y una Procuraduría que sean ejemplo de conducta de la sociedad. No todo lo contrario, que es lo que tenemos ahora.

Unas instituciones que se dediquen a su labor con la mayor calidad, solidez y credibilidad. No un Congreso y una Corte Suprema que apuesten en la pelea de boxeo, cuando fueron ellos los que arreglaron el resultado.

El perdedor: el país. Los ganadores: unos magistrados y otros congresistas, que después vienen a pedir más votos, pero que por medio de esto, quieren protegerse con acuerdos amañados de escándalos e investigaciones por ineficiencia o corrupción.

El futuro y la estabilidad del país está ligado necesariamente a la credibilidad de sus instituciones. Hoy el futuro es desolador, ya que, gracias a esta reelección del Procurador, el ente investigador, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia perdieron aún más de esa legitimidad. Lo más preocupante es que pareciera que no les importa.