Muchos se ha dicho en estos días sobre las dificultades que atraviesa el sector agropecuario, hay quienes señalan a los tratados de libre comercio como los culpables de esta situación. Por su parte, los más liberales manifiestan que es un problema de ineficiencia del sector rural, que se ha dormido en los laureles, que no ha sabido responder a los cambios del mercado y que descansa sobre inequitativos subsidios que deben financiar los trabajadores urbanos. La primera, es una visión facilista y cargada de implicaciones políticas de una realidad económica mucho más compleja, la segunda una imagen bucólica del sector agropecuario.

Los productores rurales sí tienen problemas de ineficiencia, pero estos no se deben, de manera exclusiva, a que éste sea un sector rezagado en materia de productividad, al respecto habrá algunas cosas por mejorar, como en los demás sectores de la economía, pero no es la primera causa de la situación actual. Los principales retos que afronta hoy el campo son estructurales y recaen, especialmente, en la debilidad institucional del Estado para ejecutar políticas macroeconómicas, de desarrollo productivo y a la ausencia de una política agropecuaria.

En el último año el país se ha visto inundado por la entrada de productos agropecuarios provenientes principalmente de Chile, Argentina, Ecuador y Uruguay que compiten con los locales y distorsionan el precio interno. Es importante señalar que esta situación no se debe a los tratados de libre comercio, puesto que en estos se pactaron desgravaciones para los productos agropecuarios en el mediano y largo plazo, las cuales aún no han empezado a regir. Dichos productos entran a Colombia a precio más bajo de lo que cuesta producirlos en el país por múltiples razones.

En primer lugar, la apreciación del peso colombiano frente al dólar ha generado que sea más barato traer bienes de otros países que producirlos localmente. Al tener un precio más alto nuestra moneda, todos los medios de producción se encarecen con relación a otros países que han sabido sortear mejor la política norteamericana de hacer perder valor a su moneda, justamente, para ganar competitividad.

Adicionalmente, en los países anteriormente mencionados confluyen varios elementos que permiten hacer más eficiente la producción agrícola y pecuaria. Cuentan con costos más bajos de los combustibles, la energía y las materias primas, como maíz, soya y fertilizantes, entre otros. Tienen mejores vías de comunicación y puertos, lo que, sumado al costo de los combustibles, abarata los precios de los fletes. Asimismo, han establecido cuales productos son competitivos y prioritarios, en términos económicos, de seguridad social y alimentaria, y los han dotado de las herramientas técnicas, financieras, y en algunos casos, de subsidios, para que puedan competir de manera eficiente.

A este panorama de desigualdad de la producción agrícola colombiana con sus principales competidores (que valga la pena repetir, no son Estados Unidos ni la Unión Europea) debe sumarse el hecho que muchos productos agropecuarios que entran al país lo hacen de contrabando, como lavado de activos, o de manera legal sin los respectivos controles fitosanitarios.

No todos los campesinos están pidiendo subsidios, son muchos los que hoy demandan una política agropecuaria integral que incluya medidas para controlar la tasa de cambio, abaratar los cotos de los combustibles, la energía, los fertilizantes, desgravar las materias primas, mejorar la infraestructura vial y contar con mejores controles aduaneros y fitosanitarios. Esta política de Estado debe priorizar unos subsectores estratégicos escogidos por su importancia para la competitividad del país, la seguridad nacional y alimentaria y no por la capacidad de lobby o apoyo político. Estos productores son los que deben recibir ayuda prioritaria en materia técnica y financiera. Al mismo tiempo, debe establecerse un programa de reconversión de la tierra hacia las actividades priorizadas.

Así pues, el problema hoy no son los tratados de libre comercio, ni la incapacidad productiva del sector rural. Las dificultades radican en vacíos de política macroeconómica, que si no se solucionan en los próximos 5 años, momento en el cual se empiezan a cumplir las desgravaciones de los productos agrícolas pactadas en los acuerdos comerciales, pueden acabar de raíz con el sector agropecuario y recrudecer nuestro conflicto armado que, aunque ya es común olvidarlo, es rural.