En la administración pública suceden cosas que constituyen un misterio, por absurdas, insólitas y sorprendentes. Y lo inexplicable es que se repiten con insistencia, pese al rechazo ciudadano que concitan. Una de ellas es la de los burócratas de oficio, ineptos y marrulleros, que ocupan cargos de representación sin dejar huellas de nada bueno y, no obstante eso, cada que se producen cambios en el gobierno encuentran un espacio para acomodarse en la nómina. Esos tales hacen parte de los que López Michelsen llamó "feudos podridos", que son empresas electorales surgidas después del derrocamiento de la dictadura de Rojas Pinilla (1953-1957), cuando se creó el Frente Nacional, para que los partidos tradicionales, el liberal y el conservador, dejaran de matarse por el poder y compartieran "miti-miti" los puestos y el presupuesto nacional. Y los de los departamentos y municipios, obvio. Al convertirse la política en un negocio, quienes no alcanzan tajada en los viejos partidos montan uno por su cuenta, que adquiere legalidad cuando consigue un número mínimo de votos en unas elecciones, y entonces puede recibir reembolsos de la Nación por los sufragios conquistados, expedir avales a los candidatos a puestos de representación popular, previo el pago de una plata, variable, de acuerdo con la cotización del cargo al que se aspire; hacer alianzas con otros grupos para ganar posiciones; y sacarles cuotas a quienes hacen elegir o nombrar, para alimentar las arcas de los directorios, de cuyos recursos son dueños absolutos los jefes, sin la supervisión de ninguna contraloría.

Alrededor de esos grupos políticos revolotean, como avispas en un trapiche panelero, unos personajes que viven de tramitar favores oficiales -contratos, nombramientos, etc.-, en actividades de cohecho que son normales dentro de la ilegalidad, cumplidas en efectivo y a escondidas, aunque sean de dominio público. Esos mismos son "incondicionales" de sus jefes. Sin embargo, a conveniencia cambian de grupo político, en un mercado donde las ideologías y las lealtades se desconocen. Y esos, también, calculan con visión de actuarios las posibilidades de los candidatos, para saber dónde ponen sus fichas. Y, si aciertan, siempre son nombrados en algo, no porque sean aptos sino porque existe la vacante. Que sirvan y desempeñen con eficiencia el cargo es secundario. Y si pierden porque les fallaron los cálculos queda la posibilidad de demandar la elección de quien ganó, pegándose de cualquier norma arbitrariamente escogida, para lo cual es necesario conseguir testigos, función que se ha convertido en una profesión, cuyos honorarios se cotizan de acuerdo con la magnitud del proceso; la capacidad económica del "viudo del poder"; y las ganas que tenga éste de reconquistar lo que perdió.

Así funciona actualmente la democracia. Con razón se eliminó la cívica del pensum escolar, porque no hay texto didáctico ni maestro que sea capaz de explicar tamaño enredo.