Cuando el gobierno anuncia que una nueva reforma a la justicia se está cociendo en sus hornos jurídicos uno no sabe exactamente cómo reaccionar ante la noticia. En un primer momento siempre se guarda la ilusión de que el Congreso por fin le atine a una y logre gestar una ley que si bien no va a ser suficiente para arreglar el caos judicial que vivimos sí pondrá los primeros cimientos para el futuro. Pero inmediatamente recordamos los adefesios legislativos que ha producido el Capitolio Nacional y vuelve la preocupación de que quizás el remedio sea peor que la enfermedad. De todas maneras nunca sobra dejar a fuego lento las acciones de inconstitucionalidad y las demandas por pérdida de investidura porque no tarda algún senado en cometer una genialidad.

Pero más allá de la urgente latonería y pintura que el procedimiento del sistema penal acusatorio pide a gritos, pues está bordeando peligrosamente la frontera de la implosión en los juzgados de todo el país, es necesario que sea cual sea el texto definitivo que se negocie en el Congreso éste haga hincapié en dos temas fundamentales: Los delitos muy muy grandes y los delitos muy muy pequeños. Esas son dos venas rotas que están desangrando la confianza de la ciudadanía en el aparato punitivo del país y sin este componente vital ninguna innovación que sea introducida surtirá efecto pues entonces para muchos la alternativa de la justicia por mano propia resultará más atractiva que la parsimonia del Estado.

Los delitos muy muy grandes se encuentran cobijados por un hálito de silencio, ya que no suele haber víctimas fatales y sus móviles por lo general son económicos o empresariales. Son crímenes donde todos somos los afectados, pero que por su complejo tecnicismo no aparecen en las páginas judiciales de los periódicos ni causan tanta polémica en las redes sociales. Tal es el caso de Interbolsa, episodios donde los jueces se quedan cortos porque la experticia requerida para entenderlos es tan avanzada que excede los conocimientos básicos de muchos de ellos. Es la ignorancia la cómplice de varios de estos bandoleros de cuello blanco y por ello urge crear una división especializada que tenga los conocimientos suficientes para que las leyes no se queden cortas ante sus fechorías.

Los delitos muy pequeños son los del común, tales como el raponeo en el centro, el cosquilleo en el bus y demás manifestaciones de la criminalidad no organizada. Es inaceptable que por andar persiguiendo a los grandes capos con varias órdenes de captura encima se les dé carta blanca a los pillos menores para andar sembrando el caos por ahí. De nada sirve entonces denunciar cuando a la hora el implicado ya está libre y esperándonos en la esquina para cobrarnos las horas laborales que le hicimos perder detenido.

El correcto funcionamiento de la justicia de un país es un asunto trascendental, por esto las reformas no pueden tomarse a la ligera y deben abordarse con expertos y académicos, de lo contrario se convertirán en indolentes licencias para delinquir.