Hace tres décadas un político liberal español, Juan Antonio Segurado, en un discurso en las Cortes (el Congreso) planteó un dilema que hoy Colombia enfrenta. Dijo entonces que si la política económica española no cambiaba España terminaría como un país de obreros y meseros.

La crisis española en parte tiene que ver con esa España que no tomó medidas para crear una economía exportadora como Alemania y se quedó con industrias como las de la construcción y el turismo, que si bien son muy importantes son propensas a las burbujas y muy vulnerables a las crisis económicas mundiales.

Claro, durante esos años construyeron una infraestructura de primer mundo que nadie les puede quitar. Además, desarrollaron un estado de bienestar y una red de protección compleja que hoy es impagable y que está en el centro del debate económico y de la inexorable reestructuración que emprende el actual gobierno con un altísimo costo social.

Un ejemplo, el seguro de desempleo. Hoy ha creado una clase dentro de la sociedad española que prefiere trabajar unos meses y luego recibir los dos años de subsidio que el gobierno ofrece sin condición alguna. Los costos en la nómina para los empleadores formales que pagan este subsidio hacen que la futura creación de empleo en España sea muy precaria. Es más, muchos españoles prefieren quedarse en la casa los dos años y recibir los 800 euros y no salir a trabajar y recibir 1.000 o 1.100 euros al mes.

Sucede en Colombia, guardadas las proporciones, con el Sisbén o con los subsidios para desplazados. Muchas personas prefieren no tener un empleo formal de salario mínimo, pues pierden el acceso a ese Sisbén 1 y 2 o a las ayudas que se otorgan a los desplazados. La lección es clara. Todo subsidio debe ser condicionado, como el de Familias en Acción, o debe tener un límite en el tiempo. De otra manera se convierte en una traba al esfuerzo individual de superación o a la formalización del empleo.

En Europa el estado de bienestar se está reinventando y hasta los países con la mayor red de protección social hacen interesantes experimentos.

Hoy toman decisiones impensables hace unos años. Los países nórdicos financian al estudiante y no al colegio o a la universidad. Le introducen el mercado a las políticas sociales, y no al revés como es la tradición. La razón es obvia, hay que hacer rendir el presupuesto que es cada vez más escaso.

Colombia, con la enfermedad holandesa rampante que la aqueja y la destrucción de empleo industrial y exportador, tiene que tomar la misma decisión de España hace 30 años. Este gobierno por ahora no toma medidas y condena al país a un crecimiento económico mediocre que nos aleja cada vez más de nuestros vecinos Perú y Chile. No es capaz de arriesgarse y salir de un modelo económico ortodoxo que ya no da para generar las industrias, los empleos y el futuro que Colombia merece.

Colombia necesita de un modelo industrial que intervenga de manera activa en los sectores que frenan la competitividad del país y que monopolizan recursos. La ventaja competitiva de Colombia no se desarrolla sin la mano directa de un Estado que debe actuar no de manera invisible, sino francamente intervencionista. Las obras públicas, los costos de energía, los costos bancarios y en general los altos costos de transacción que tiene nuestra economía requieren de una intervención activa del Estado.

El futuro del país no puede estar en manos de unos pocos que se lucran de una ventaja llámese consulta previa, cargo de confiabilidad o tasas de interés. Este país de 44 millones de colombianos necesita de un Estado agresivo que intervenga sin temor cuando está en juego el beneficio de todos. Para no acabar como España.