La Ley de Tierras fue sin lugar a dudas un gran paso que dio el gobierno del presidente Santos. Ahora con la salida del director del Incoder, entidad que tiene a su cargo la ejecución de dicha política, muestra que la puesta en práctica es bien compleja, independientemente del perfil del director de la entidad. Y nos parece que con la gran y muy positiva expectativa que se abrió en el país con motivo de las leyes de víctimas y de tierras tenemos que ser muy cuidadosos y vigilantes, pues no podemos permitir que en la puesta en práctica tengamos una frustración y no el salto cualitativo que esperamos todos para el campo.

Las cifras de desposesión de tierras, de asaltos a las comunidades campesinas, son realmente aterradoras. La acción de los narcos, de los paramilitares y de los criminales comunes fue sistemática en algunas zonas del país. Se trata de millones y millones de hectáreas. Pero ello, hoy cuando se cuenta con una política de devolución de tierras, la tarea es de incalculable magnitud. Así, es fundamental que la Ley se dote de todas las herramientas jurídicas, presupuestales y políticas para que no se quede en veremos.

He tenido la oportunidad de hacerle seguimiento a un proceso de devolución de tierras que se lleva a cabo en el Magdalena Medio y es muy preocupante lo que está ocurriendo. Por una parte, el problema jurídico no es fácil, siempre hay líos, de una u otra naturaleza, que entorpecen los procesos de restitución; frente a estos impases, es necesario que se dote a los entes encargados de herramientas que les den poderes discrecionales amplios, pues de lo contrario, las apelaciones, recursos y demás armamento leguleyo puede llevar al traste muchos de estos procesos. Esta es una restricción que puede ser removida, si el Gobierno y el Congreso son generosos y astutos, si se requiere de mayor batería jurídica.

La segunda restricción es muy seria y bien complicada. Tiene que ver con el orden público, con la próxima salida de la cárcel de varios de los desmovilizados, con la metamorfosis de los paramilitares en bacrims, muchos de los victimarios están allí en las zonas de despojo, ahora de restitución. Y para los campesinos regresar no es fácil. Hay allí una incertidumbre sobre los riesgos para la vida de muchos de ellos. Hay miedo y no solamente subjetivo, sino objetivo. Hay problemas serios de presencia de personajes armados en las zonas de restitución.

La tercera restricción tiene que ver con lo financiero para impulsar a los campesinos en proyectos económicos sostenibles y eficientes. No se trata, como bien lo ha dicho el Ministro de Agricultura, de volver a las tierras, este regreso debe ser con posibilidades claras, gracias a proyectos productivos bien financiados.

La cuarta es la falta de presencia del Estado en la mayoría de las zonas de restitución. Esta es insustituible como condición necesaria para que todo el proceso marche. El papel de las Fuerzas Militares es básico y de la política social también. Ambas tienen que ir de la mano para asegurar una transformación real. Se requieren para blindar el proceso de restitución no solamente frente a la guerrilla, a los narcotraficantes, a los paramilitares, sino también, y hay que decirlo, a los latifundistas.

La coyuntura del nombramiento del nuevo director del Incoder, que cuando se escribe esta nota no se conocía su nombre, debe servir para darle mucho más vuelo a todo este proceso. No dejemos que un gran sueño se convierta en una frustración colectiva.