Aparentemente para el Congreso "el tiempo más breve posible" es un período de 15 años y "conforme a los principios constitucionales y a elementales consideraciones de humanidad" es una mezcla de burocracia con inacción. Porque eso es lo que han hecho con la regulación de la muerte asistida desde que la Corte Constitucional se los exigió el 20 de mayo de 1997. Impresentable.

El Congreso ha dilatado la regulación de esta práctica en Colombia, enterrando el tema en debates inocuos y aplazándolo sin ninguna justificación. Es una discusión compleja, eso es obvio, pero eso no justifica aplazar la legislación del tema 15 años, menos cuando la Corte Constitucional ya planteó los lineamientos jurídicos para avanzar en esa regulación.

Lo que la Corte Constitucional ha hecho con la sentencia de 1997 no es, como establecen sus críticos, una apología de la muerte, sino, por el contrario, un rescate de la libertad y la vida digna. Y la respuesta que está teniendo por parte del Congreso, hasta ahora, es un irrespeto a los que apoyan la iniciativa ya que por no existir reglamentación para esta actividad, hoy en día ningún médico se atreve a practicarla públicamente.

Los que atacan la eutanasia aseguran que el derecho a la vida es inviolable, basados, muchas veces, en sus creencias religiosas o concepciones internas de la moralidad. Respetable, pero de alguna manera errado.

Si la vida es un derecho, el Estado no puede de ninguna manera obligar a los individuos a ejercerlo en contra de su voluntad. El individuo debe poder elegir entre la vida y la muerte, del mismo modo que puede optar por la quietud como una manera de ejercitar su libertad de movimiento.

Diferente es que las personas, basadas en la moral que profesan o en su definición religiosa de pecado, entiendan la vida como una obligación. Para esos individuos, pero únicamente para esas personas, estamos de acuerdo que las circunstancias no importan. Pero para el resto, sí.

Jurídicamente la vida es un derecho mas no obligación. Y el argumento que importa para el Congreso y la legislación colombiana es el jurídico, no el moralista.

Por eso mismo el código penal colombiano, no tipifica como delito la tentativa o el acto de suicidio, pese a que para las religiones es un pecado. Y si eso no está penalizado, por qué debe estarlo que la persona que no está en capacidad de ponerle término a su vida, solicite ayuda a otro, un médico, quien podrá aceptar o rehusarse a la petición. No tiene sentido.

Ayudar a un enfermo terminal a poner fin a su padecimiento y a una vida de dolor que ya no es soportable, es un acto digno que incluye generosidad, solidaridad y altruismo. Hasta un santo estaría de acuerdo con ayudar a un enfermo a salir de su miseria. Pero algunos congresistas, y los religiosos del país, basados en el mandamiento de no matarás, se oponen a esto. De nuevo, respetable, pero equivocado.

Quitarle la vida a alguien contra su voluntad es un crimen igual de atroz que la imposición de mantener vivo a un enfermo que tiene suficientes razones para creer que su dolor ya no es soportable. La muerte, como parte integral de la vida, también tiene que ser digna.

Por eso la despenalización del homicidio piadoso-consentido, con todas las restricciones que tomó en cuenta la Corte Constitucional y ahora debe discutir el Congreso, tiene el fin loable de erradicar una acción que obliga a prolongar la vida y el dolor de un enfermo terminal incluso cuando éste no quiere. Acertado.

Esas limitaciones, en términos generales, establecen que la solicitud debe hacerla únicamente el enfermo personal o previamente, o sus familiares con previa autorización escrita; y que un médico es el único calificado para realizar esto de manera profesional, con el respaldo de otro doctor independiente y un consejo de siquiatras, constándoles que la solicitud del paciente es meditada, procedente y consistente, y no una expresión de un deseo no pasajero. Esencial.

Más vale tarde que nunca. Los congresistas están a tiempo de enmendar su inacción dando un debate estructurado sobre el tema, entendiendo que si la eutanasia es un derecho eso no significa que es una imposición para nadie, simplemente una opción.

Como le dijo la Corte hace 15 años al Congreso al terminar su sentencia: notifíquese y cúmplase. Esperemos que ahora sí lo hagan.