De nuevo, se ha puesto sobre la mesa la laxitud de las leyes estadounidenses en cuanto al control de las armas. El debate se está llevando en todas partes, pero no en el país que sufre con mayor frecuencia el uso genocida de armas entre su población. En realidad, la atmósfera para restringir la venta de armas en esa nación es incierta y confusa.

Es necesario clarificar un par de escenarios que se pueden prestar para malas interpretaciones de la opinión pública. La Carta de los Derechos es un escrito que denota las libertades y derechos de los ciudadanos de Estados Unidos recién independizados. Las diez enmiendas que componen la Carta de los Derechos fueron ratificadas a finales del Siglo XVIII. Entre ellas se destacan la libertad de expresión y prensa, la libertad de asamblea, el derecho a portar armas, etc.

La Carta de los Derechos fue, analógicamente, el primer capítulo de la Constitución de los Estados Unidos. Más allá de lo que se esgrime sobre estas adiciones o cambios a la Constitución de ese país, el contexto social de su creación y aprobación es íntegramente diferente.

Los partidos políticos de entonces, Federalista y Antifederalista, resolvieron las enmiendas que formarían la Constitución de los Estados Unidos de América y serían la guía base para la conformación del Gobierno Federal y la protección de los ciudadanos. Lustros después, estas sociedades políticas se disolvieron y se convirtieron en el Partido Demócrata y el GOP (Republicano), liderados por James Madison y Thomas Jefferson.

Todas las enmiendas se mantienen intactas hasta el sol de hoy, entre ellas la segunda. Señala esta moderación: “Siendo necesaria una Milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas, no será infringido”.

La concepción de este derecho ciudadano a portar armas tuvo sus razones en la supresión de invasiones, represión de insurrecciones, impedimento a la creación de un gobierno antidemocrático y todo de tipo cambios sociales y económicos que amenazaran la estabilidad de la creciente sociedad estadounidense de principios del siglo XIX. Sin embargo, han pasado más de 200 años desde que se instituyó este derecho y el contexto de la sociedad estadounidense ha variado dramáticamente.

Los medios han culpado la enmienda de ser responsable por las constantes masacres ocasionadas por pistoleros en escuelas, universidades, cines y cualquier otro sitio donde una persona pueda desenfundar los cartuchos de sus pistolas en contra de sus semejantes. No obstante, la cultura bélica de ese país es una herencia que múltiples generaciones han delegado con el paso de los años y que juega un papel fundamental en masacres como la del viernes en Connecticut.

Con esa misma constancia de tiempo, creció una poderosa sociedad de ese país. La Asociación Nacional de Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), que reúne a quienes defienden fervientemente la posesión de armas de los estadounidenses. Su influencia política es vigorosa y cuenta con un arrasador apoyo del Partido Republicano.

El documentalista Michael Moore narra en una pieza audiovisual de su autoría cómo creció esta asociación y la forma en la que la herencia bélica norteamericana ha llevado a tan aterradoras masacres. Para quien desee ver este documental, se encuentra en YouTube por su nombre: “Bowling for Columbine”.

La noche del pasado domingo, el presidente Barack Obama en un discurso se comprometió a buscar un cambio. No mencionó la palabra “armas”, como tampoco explicó qué tipo de permuta política buscará. Obama sabe que el camino es duro para lograr una posible restricción a las armas, más cuando cualquier reforma a la Segunda Enmienda sería tildada de inconstitucional. Es un escenario improbable que requiere años de trabajo para evitar este tipo de masacres.

Es la historia la que no juega del lado de la verdad y el sentido común. Lo más preocupante en este momento es que la matanza de Connecticut quede en el olvido y que la indignación, como siempre, sea pasajera y no genere alguna clase de renovación político-social.

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Poco se habló durante el fin de semana de la salida de Canadá del Protocolo de Kyoto. Se convierte, entonces, en el primer país en revocar su firma de un tratado que ha buscado por años nuevas políticas ambientales de las naciones industrializadas y también más contaminantes. Ottawa había hablado de su salida hace un año y lo hizo efectivo en el trascurso del pasado domingo. Durante su estadía dentro del protocolo, Canadá nunca cumplió con los estándares esperados para reducir la contaminación ambiental y el efecto invernadero.