Vueltas y revueltas se le han dado al sistema de atención a la salud de los colombianos y no se ha encontrado un camino que le dé adecuada utilidad a los recursos que recibe, con aportes de trabajadores y contratistas, públicos y privados. Sin embargo, la conclusión inobjetable es que los fondos para la salud son más que suficientes, pero que existe una cadena de intermediarios que se queda con buena parte de ellos, no les pagan a tiempo (o tumban, definitivamente), a clínicas y hospitales prestadores de los servicios; utilizan toda clase de artimañas para evadir responsabilidades y constriñen el trabajo de los profesionales de la salud (médicos y demás), sometiéndolos a unas limitantes en procedimientos, que resultan frustrantes para la vocación de sanar, por la que estudiaron y levantaron las manos para jurar ante Hipócrates. Y los medicamentos que autorizan recetar son un engaño al paciente. O cotizante, para ser más precisos. Además de que detrás del sistema está la poderosa industria farmacéutica, que sostiene sus privilegiados precios con los más sofisticados recursos de mercadeo. Por ejemplo: Si el gobierno les impone límites a los precios de determinados productos, estos, poco tiempo después, salen del mercado y son reemplazados por otros, con los mismos componentes, pero con distinto nombre y otro empaque.

La tristemente famosa Ley 100, ideada pensando más en el sistema financiero que en la salud de la gente, creó las EPS, que de la noche a la mañana se multiplicaron como curíes, porque políticos doblados de empresarios, o asociados con ellos, vieron en el sistema la oportunidad de manejar recursos de captación de cotizaciones de departamentos y municipios, y de entidades industriales y comerciales del Estado, a los que su poder tenía acceso. Con lo que hicieron un magnífico negocio, pero pervirtieron la salud y, de paso, quebraron clínicas y hospitales, a los que pusieron a prestar los servicios, con la pomposa sigla de IPS, y después no les pagaron las cuentas, utilizando toda clase de subterfugios y marrullas.

Pero, ¿por qué no se ha corregido este adefesio? ¿Qué ha pasado con los intentos de reforma a la Ley 100? Pues que ésa sólo puede hacerse con otra ley y el poder de las EPS en el Congreso Nacional es inmenso. De una parte, como se dijo ya, porque muchos congresistas son copropietarios de EPS, a su nombre o con testaferros; o porque el poder de los empresarios de esas entidades prestadoras de servicios de salud es inmenso, en la medida que patrocinan y financian congresistas.

La culpa del mal servicio de salud, pese a los cuantiosos recursos que recibe el sistema, no es del ejecutivo. Hay que reconocer los esfuerzos de los ministros del ramo y el sacrificio de administradores de clínicas y hospitales; y la abnegada labor de los profesionales de la salud, muy mal remunerados, por cierto. Pero como "poderoso caballero es don dinero", ante esta evidencia "muere el guapo, matan al viejito y se roban la muchacha", como en las películas del Oeste.