De todas las ramas públicas que se crearon con base en la delicada división tripartita del poder, planteada por grandes eruditos estatales desde siglos atrás, hay una que siempre me ha generado particular curiosidad, especialmente porque el inmenso potencial con el que cuenta se ha visto drásticamente eclipsado por las otras dos. Estoy hablando, por supuesto, de la judicial.

La administración de justicia es una función del Estado que permea con mayor intensidad en la vida de los ciudadanos que el legislativo o el mismo ejecutivo. ¿Por qué? Porque la gente de a pie tiene la esperanza puesta en que alguien, no sabe quién, pero alguien, sancione a aquellos sujetos que se saltan las normas de convivencia que fueron establecidas. Es evidente que la opinión pública se llena de más confianza hacia el país cuando sentencian a algún político o contratista por robarse los impuestos de todos, que cuando el congreso expide alguna ley de avanzada o el presidente hace una gira exitosa por cualquier parte del globo.

Incluso, la relación entre justicia y violencia es directamente proporcional. La ecuación es bastante simple: Si alguien que va en contra de las leyes es castigado de forma severa y eficaz por la normatividad que intentó evadir, en el subconsciente de la población se crea la idea fija de que delinquir no paga y, por ende, vale la pena actuar correctamente. En cambio, si la mano estatal es torpe e insuficiente, sucede todo lo contrario: La alternativa de entrar al lado oscuro se hace tentadora, pues el sabor a impunidad se hace irresistible para algunos paladares.

Así también, si un ciudadano no tiene razones contundentes para creer en que un ente superior se preocupa por sus conflictos y se encargará de resolverlos de manera acertada, nada le detendrá a la hora de decidir hacer brotar la justicia por su propia mano, movido por un desviado razonamiento lógico que tácita y paradójicamente estará provocado por la misma rama judicial que le defraudó.

Todo esto vale la pena traerlo a colación con motivo de una reciente encuesta publicada por la Revista Semana, pues en ella hay un dato que debe preocupar a los analistas más que la propia caída libre de la popularidad presidencial: El 64% de los encuestados percibe que la justicia es corrupta o muy corrupta. Esta sensación de zozobra, sin objeción alguna, es la sumatoria de las múltiples vorágines que le han sacudido últimamente, especialmente la relacionada con el "Carrusel de Pensiones".

Un presidente puede gobernar y sortear escollos hábilmente aunque nadie así lo espere, un congreso puede dedicarse a legislar sin perturbaciones aún con todas las apuestas en contra (Como suele suceder), pero la justicia no puede desarrollar su rol sino cuenta con respaldo en el imaginario colectivo, pues allí radica la fuerza de sus decisiones. Es imperioso para las Altas Cortes impedir que su imagen pública pase de reflejarle como el último bastión de credibilidad en la institución a convertirle en la sal corrompida del equilibrio de poderes.