La opinión pública a diario despotrica contra la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Se trata de un organismo asediado por los compadrazgos políticos, proclive a satisfacer malsanos amiguismos que se lleva por la calle del medio los objetivos de la justicia. Los sumarios que allí se ventilan carecen de la dinámica que debe tener todo comportamiento judicial. La visión paquidérmica de estos legisladores, (muchos legos del contenido de los códigos) cubre de pereza su funcionamiento, demora las decisiones, y permite que la prescripción se convierta en norma válida para dar muerte a los procesos. Han tenido razón los pioneros de una reforma a fondo de la justicia al proponer la erradicación inmediata de su competencia investigativa. La nación es incrédula y negativa al trabajo que adelantan los políticos, más solidarios en escudar torcidas componendas que en la aplicación imparcial de la ley.

La prescripción es una figura evasiva del Código Penal. Antes lo era el sobreseimiento temporal, puerta a la más inaudita impunidad. Ahora la prescripción es el paraíso de los criminales de cuello blanco. Dos engominados exministros autores intelectuales del delito de cohecho, Sabas Pretelt y Diego Palacio, rebuscan con sus abogados subterfugios para evitar el fallo de los jueces. Reposiciones, apelaciones, nulidades, recusaciones, solicitud de pruebas superfluas para copar el tiempo de los fiscales; nuevamente repiten la misma monserga en un extenuante tinterillismo que logra triunfos cuando se desnuca la justicia.

Desgraciadamente a veces los jueces se prestan para repetir la tragedia de Sísifo. Cuando se está a punto de coronar una investigación, de improviso, saltan las nulidades por incompetencia del juzgador, por la carencia de la versión de un testigo, o la ausencia de una notificación, o los tentáculos providenciales de una falla en el debido proceso, que echan a tierra el castillo de naipes para dar comienzo nuevamente al largo recorrido de la pendiente de las pruebas. El abogado litigante entre más habilidoso sea en el arte de las marañas, más admiración recoge de los tendidos por su eficacia marrullera.

Más atónitos quedamos cuando son los expresidentes de Colombia los que se aferran a la figura de la prescripción. Éticamente, quien ha ejercido el primer cargo de la nación, no puede ¡jamás! acogerse a esta figura que es esgrimida por veteranos delincuentes. El peligroso criminal le pide a su abogado que le "arregle" su problema o que haga derroche de artificios para que no lo puedan condenar. En cambio, la persona de bien, renuncia de inmediato a la prescripción de la acción penal, para que la justicia escarbe aún en las intimidades de su vida y haga brillar el sol de la verdad.

¿Quiénes le tienen miedo a la justicia? ¡Nunca los honestos! Lo primero que hace una persona judicialmente atacada, es la defensa de su honra y exige a los fiscales los más rigurosos escrutinios para hacer trizas indicios y sospechas a fin de dejar esclarecido su nombre de toda mácula. Aquí, un Procurador General de la Nación, sangriligero y locato, denunció "el robo a Caldas". Los entonces jefes de los partidos que fueron injustamente colocados en la picota pública, afanosamente, solicitaron a la justicia penal que los investigara. Escúchese bien lo que ocurrió: fue suelta la jauría rabiosa de los funcionarios dependientes de Carlos Jiménez Gómez, el aspavientoso e irresponsable procurador, con instrucciones precisas para rastrear archivos de notarías, oficinas de registro, anaqueles de municipios y entidades administrativas, a fin de encontrar las pruebas que hicieran palpable la improbidad de los denunciados. Llegaron los sabuesos para engrillar a los hipotéticos culpables en la más impiadosa pesquisa, incluso fisgoneando la intimidad de los hogares. ¿Cuál fue el resultado de esos febriles escudriños? Ni siquiera rindieron indagatoria, ¡ninguno!, y los pocos que fueron detenidos al muy corto tiempo los jueces les dieron libertad incondicional por haber comprobado su total inocencia.

Los que tenemos que ver, mucho o poco, con la vida pública, somos olfateados con dañina morbosidad por nuestros contradictores. Los canes ladran mientras cabalgamos. Podrán comprobar, seguramente, los antojos satisfechos del veleidoso corazón, pero jamás las huellas por entre las líneas blancas del Código Penal. Y si alguien tiene pruebas para levantarnos un Gólgota, que proceda de inmediato. Nos ampararemos en la ley para renunciar a la prescripción. No estamos, como algunos expresidentes, apuntalados en el pánico, para impedir la acción de la justicia.