La política de competencia está de moda. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), autoridad única de competencia en Colombia desde la Ley 1340 de 2009, tuvo un año 2013 de batallas bien publicitadas contra monopolios y carteles. La imposición de multas, incluyendo algunas históricas, por violaciones a la normativa de competencia ha aumentado con multas totales de más de $34 mil millones impuestas por prácticas anticompetitivas de colusión en licitaciones en 2013. De igual manera el número de investigaciones ha aumentado de un promedio de 1,8 casos por año entre 2000 y 2010 a un promedio de 29,5 casos entre 2011 y 2012.

La promoción y protección de la competencia es uno de los temas de revisión por pares dentro del proceso de entrada a la OCDE y debería ser uno de los temas de la agenda económica del gobierno que empieza en agosto de este año. La política de competencia es a la vez parte integral de una política de competitividad y de una agenda social a favor de los más pobres.

La agenda de internacionalización de la economía colombiana de los últimos 20 años ha reducido barreras a la entrada que protegían a empresarios locales de la competencia de importaciones. Pero no ha sido suficiente. La economía colombiana sigue siendo una economía bastante cerrada donde las empresas del interior se benefician de la protección implícita de nuestra mala infraestructura, los altos costos de transporte entre ciudades y regiones del país y con el exterior, y otras barreras no arancelarias. La protección efectiva, junto con leyes, regulaciones y otras normas jurídicas del orden nacional y local facilitan prácticas anticompetitivas y reducen la intensidad de la competencia entre empresas resultando en baja productividad, ineficiencias estáticas y dinámicas, con pocos procesos de sofisticación empresarial y cambio productivo y altos precios y baja calidad, afectando sobre todo a los consumidores de menos recursos.

A pesar del fortalecimiento técnico y presupuestal de la SIC, la política de competencia en Colombia necesita un nuevo impulso y reformas institucionales que permitan articularla como parte de la política de productividad -induciendo mayor competencia- y como parte de la política social a través de su función de racionalización, mejoras de calidad y precios y de protección del consumidor. El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 es una oportunidad de darle al tema la importancia que se merece.

El Informe Nacional de Competitividad 2013-2014 contiene varias recomendaciones acertadas que deberían ser consideradas en la formulación del PND. La primera es de orden institucional. Se debe fortalecer la independencia de la SIC del ejecutivo poniendo a su cabeza una comisión de miembros nombrados para periodos fijos y escalonados. Además de garantizar independencia, los cuerpos colegiados son menos vulnerables a presiones políticas que direcciones unipersonales. En segunda instancia, se debe promover la independencia de las funciones de investigación, de juzgamiento y de apelación de las decisiones de la SIC. La capacitación de jueces especializados en temas de competencia y conocimientos de economía, al igual que la promoción del litigio privado, las acciones populares y el desarrollo de instrumentos como el programa de delación y clemencia para colusión y carteles son igualmente importantes. Finalmente, se debe fortalecer la unidad de investigaciones económicas y crear la figura del Economista en Jefe de la SIC en línea con las mejores prácticas en Europa y Estados Unidos.

Una de las labores pendientes de la política de competencia es la creación de una Misión de Abogacía de la Competencia, similar a las misiones convocadas por el DNP para analizar y hacer propuestas en diferentes temas de política pública, que revise el stock de regulaciones y normas gubernamentales y sus efectos anticompetitivos. En especial en sectores críticos como el financiero, el de energía y el de telecomunicaciones. El rol de la SIC en la revisión de los efectos anticompetitivos de nuevas leyes y normas a todo nivel debe igualmente fortalecerse.

¿En qué tipo de casos debería enfocar la SIC sus recursos limitados? Dados los retos de consolidación de la política de competencia, el enfoque debe ser en casos que tengan claros efectos anticompetitivos sin justificaciones procompetitivas difíciles de evaluar y que tengan impactos claros en el bienestar de los consumidores y la salud del proceso competitivo: la lucha contra colusión y carteles debe encabezar la lista.

Ojalá la política de competencia, integral a una estrategia de competitividad y de transformación productiva, esté en los debates del año y forme parte de la agenda económica del periodo presidencial 2014-2018.