José Gregorio Hernández


El Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos no dará ningún paso hacia eventuales contactos o diálogos con la guerrilla en busca de la paz, y no lo hará porque, ante todo, reclama con razón que en su carácter de Jefe del Estado es el único llamado a decidir cualquier cosa al respecto -es el conductor de la política estatal en estas materias, el representante legal del Estado colombiano, el supremo director de la fuerza pública, el responsable del orden público en el país y la autoridad que puede comprometer a toda la Nación en un proceso de paz-, y porque además estima, también con razón, que no están dadas las condiciones para entablar conversación alguna o para pactar una agenda temática con las Farc como interlocutoras.
En el último aspecto señalado, la mayoría de los colombianos estamos de acuerdo en que no podemos seguir en esta guerra fratricida que tanto daño ha causado; en que no dio resultado la política basada únicamente en el ataque armado con exclusión absoluta de la vía política y de fórmulas pacíficas de entendimiento, pero también está cansado el país de los diálogos interminables, de las mesas de negociación infructuosas; de las reuniones siempre aplazadas, de las palabras empeñadas y jamás cumplidas; de los encuentros sin norte entre la llamada sociedad civil y la subversión.
Los últimos acontecimientos -en la inacabable crónica de la confrontación y la violencia en que estamos inmersos los colombianos- tienen que ser examinados con cuidado por el Gobierno, sin que el Presidente entregue las llaves de la paz, que afirma tener en el bolsillo -y creemos que nadie distinto de él mismo debe intentar meter las manos en ese bolsillo-, pero desde luego despojándose de toda actitud soberbia o arrogante, porque la soberbia y la arrogancia no son buenas consejeras de los gobernantes, menos aún en una democracia.
El Presidente, es cierto, es quien debe tomar las decisiones, en especial ante una organización guerrillera cuyos mensajes son confusos y muchas veces falsos, pero no debe proclamar con un sentido absolutista la exclusión radical de toda forma de apoyo institucional, de participación ciudadana, de consulta, de intermediación, de amigable composición, de colaboración internacional, porque la experiencia enseña que en algún momento puede requerirse el concurso y la buena voluntad de instituciones como los países amigos o como la Iglesia Católica u otras confesiones. No olvidemos, a propósito de ellas, que el programa básico de todas las religiones es la paz, que su método es el diálogo y que su tarea primordial implica la apelación a la conciencia de los seres humanos en conflicto.
Aproveche nuestro Jefe de Estado la Semana Santa, tiempo de reflexión y de paz, para hacer un alto en el camino y adopte con serenidad y prudencia las mejores determinaciones en este asunto, en que está comprometido el futuro de la Nación entera.
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