El fiscal general, Eduardo Montealegre, no hizo lo que tenía que haber hecho comunicando la libertad de Sigifredo López. No hizo lo correcto, solamente lo necesario.

El fiscal admitió cierto error, pero no completo. Su mea culpa fue débil y su manera de afrontar las consecuencias de esta situación, un poco temerosa.

Montealegre no aceptó que se equivocó al generar la expectativa mediática frente a la investigación del exdiputado del Valle; no admitió que hubo un error al ordenar su captura en un abierto desafío a la sociedad sin haber realizado las corroboraciones técnicas en el caso; y, más importante aún, no expresó su arrepentimiento por haberlo mantenido preso, basándose en unos testigos viciados, incluso cuando las pruebas más contundentes en su contra se habían caído.

Sus declaraciones fueron ambiguas, como quien sale a admitir un error, pero culpando a todos los demás de la equivocación. Sin asumir la responsabilidad. Sin poner la cara realmente.

El fenómeno no es nuevo en Colombia, ni exclusivo de Montealegre. Colombia es una sociedad donde los líderes sacan pecho en los éxitos, pero nadie aparece cuando llega el error.

Ahora bien, es normal que, como parte de los procedimientos, estrategias y tácticas de investigación, los entes de control se equivoquen.

Que los testigos se contradigan y se desvirtúen, lastimosamente, es una situación que hay que enfrentar en este tipo de labor ya que pasa más seguido de lo que se espera. Y que la hipótesis de culpabilidad de alguien sea desvirtuada demostrando la inocencia de una persona, también es un logro importante del trabajo de los entes de control.

Todo eso es normal. Hace parte de la labor de la Fiscalía.

Pero que la cabeza del organismo, recién posesionado, haya invertido su reputación en este caso, manejando con ligereza sus declaraciones ante los medios de comunicación, generando una altísima expectativa para posesionarse ante la opinión publica, y que después se metiera en una cruzada testaruda y obstinada para probar algún grado de credibilidad de la investigación, es una actuación inaceptable.

Lo que quedó claro es que el fiscal se equivocó. Y que se equivoca también al intentar bajarle la presión mediática a este hecho sin admitir de frente y sin temor a la sociedad colombiana, a la familia de López, y a Sigifredo mismo, que el manejo del caso fue desacertado.

La libertad de López no fue una sorpresa. Al contrario, cuando fue pasado a detención domiciliaria, se interpretó que esto iba a ocurrir y que era una forma de bajarle el volumen mediático a una decisión que era inevitable.

Pero es que la justicia no puede ser manejada por los intereses mediatos. Cuando eso pasa, se afecta la seguridad de la sociedad al perder, aun más, la credibilidad de los entes investigadores y la confianza en las autoridades judiciales.

En medio de esa estrategia se dilató la puesta en libertad de Sigifredo. De un individuo que además es uno de los que más valora la libertad en este país, ya que lastimosamente se la robó la guerrilla durante años.

Ahora López tiene la lamentable experiencia de haber estado secuestrado por las Farc y luego detenido por el Estado. Y esto le va a costar a Colombia y a los colombianos cuando nos toque pagar la indemnización al exdiputado por el mal manejo de su proceso. No es para menos, atentaron contra la persona y contra su familia.

Y por eso hay que demostrar que la Fiscalía está haciendo algo para luchar contra el nocivo y vergonzoso carrusel de los falsos testigos.

Los procesos penales contaminados por testimonios amañados, pagados, o incorporados por investigadores que piden detenciones preventivas como si fuera la regla general y no medida de última instancia, plantean una situación alarmante y dejan al aparato penal como enemigo de la sociedad, y no como su protector.

Los colombianos no pueden estar con incertidumbre y miedo que la justicia, por el afán de mostrar resultados, reparte órdenes de captura como quien reparte cupones de descuento. Y después, para justificarlas, anexa testimonios de testigos desvirtuados.

La Fiscalía debe actuar contra los testigos falsos y las declaraciones prefabricadas. Esa será la segunda prueba de fuego de Montealegre, ya que es claro que no va a dar un paso al costado de ese importante cargo, como lo debería hacer, después de desvirtuarse en su primer gran caso.