En el artículo de la semana pasada me refería a la evolución de la estructura de producción y empleo de la economía colombiana y sus consecuencias sobre la productividad. El sector servicios ha ganado participación en el empleo y ha disminuido la participación de la agricultura y de la industria. Esta evolución contrasta con la que hubiera sido más deseable, en la cual el sector de mayor productividad, que comprende al sector manufacturero, el de servicios públicos, el de transporte y la minería ganaría participación en el empleo y absorbería la participación liberada por el sector agropecuario. Esto hace necesario intervenir para cambiar la evolución estructural de la economía de tal manera que se orienten los recursos hacia estos sectores más productivos induciendo su mayor participación del empleo. La forma de organizar intervención es lo que se ha denominado una política de cambio estructural, que otros prefieren llamar política industrial moderna para expresar la necesidad de aumentar la participación de la industria en el empleo.

Pero el aumento de productividad hacia el futuro no depende exclusivamente de que se induzca el cambio estructural. También es necesario que se generen aumentos de productividad en todos los sectores, particularmente en los que tienen mayor participación en el empleo. Posiblemente lo más urgente y lo más difícil es reformar el gobierno porque ello implica reformar el sistema político, sin lo cual no va a ser posible reducir la corrupción y aumentar la eficiencia para que cumpla cabalmente sus funciones. Mientras el sistema político imperante sea el clientelismo, el Estado mantendrá una permanente contradicción interna y estará condenado a escoger en la mayoría de las instancias de decisión entre el bien común y la clase política o los poderes que la soportan. Aún cuando las administraciones se esmeran en propender por el bien común, tienen que cederle una cuota a la politiquería que se traduce en costos generalmente altos en productividad y bienestar.

En Bogotá, por ejemplo, el sistema de transporte no evoluciona más rápidamente y el potencial de Trasmilenio de dar un buen servicio está limitado por el poder político que ejercen los transportadores tradicionales que someten a la ciudad a la parálisis para mantener en operación todo tipo de vehículos en las rutas en las que opera Trasmilenio. En Cali, un alcalde valeroso ha tratado de impedir que esto suceda en su ciudad. Ha tenido que pagar por ello con popularidad y sus funcionarios están amenazados de muerte. El parque automotor de transporte de carga no se puede renovar libremente ni se liberan las tarifas porque otra mafia política no deja hacer los cambios necesarios. Los constructores de carreteras quemaron a un ministro y conspiran permanentemente contra el director de la Agencia Nacional de Infraestructura porque les exigen fortalecerse financieramente. El sector salud está en crisis, en buena medida porque los políticos y sus aliados lo han contaminado con sus prácticas y malas costumbres.

Adicionalmente, los gobiernos no actúan a tiempo o ignoran los problemas hasta que les estallan en la cara. La catástrofe social y la crisis de violencia y desplazamiento que vive Buenaventura en este momento estaba anunciada. Es una manifestación del abandono en el que el país ha tenido a todo el litoral Pacífico. Con razón ha dicho un alto comisionado de las Naciones Unidas que el nivel de pobreza de Buenaventura es una vergüenza para un "país que tiene dinero", más tratándose del principal puerto de Colombia y su puerta hacia el Pacífico.