El escándalo ambiental que ha generado la compañía estadounidense Drummond en Santa Marta, deja en evidencia los valores con que toman las decisiones en esa empresa. Su lucro es lo que ponen por encima.

Prefirieron arrojar unas tantas toneladas de carbón al mar, poniendo en peligro grave la vida de moluscos, gusanos, estrellas de mar y los microorganismos del fondo blando del mar antes que haber evitado la urgencia y haberla solucionado mejor. Prefirieron poner en peligro la riqueza natural de Colombia, pues su objetivo es sacar carbón cuanto más puedan, y cuanto más rápido mejor. Queda muy claro que para ellos están primero sus barcazas; sacar toneladas de carbón sin todo el cuidado que ello implica sobre todo cuando se presentan tantos transbordos en el proceso; prefieren hacer oídos sordos, según los líderes sindicales, a las regulaciones del puerto sobre no operar cuando hay mal tiempo. Si esto es así, es claro que la misma Drummond habría sido la que generó la emergencia que terminó en actos de contaminación. Y su responsabilidad es mayor.

En estos momentos, uno puede ver el tono moral de una empresa y su verdadera responsabilidad social empresarial. Esta debe ir más allá de tener una fundación para "generosas" ayuditas por aquí y por allá, va más allá de unos impecables y muy bien editados informes de responsabilidad social que reparten en sus invitaciones a los periodistas y público incauto. Responsabilidad Social Empresarial exige que se trate con transparencia al país. Que se sea más exigente que lo que exige la ley.

La investigación debe hacerse con mucho cuidado, ya me imagino la legión de abogados, técnicos y lobistas que la Drummond debe estar situando en Santa Marta para defenderse. Y en estos casos el Estado debe ser muy cuidadoso de contar con buenos equipos investigativos y abogados muy conocedores de la legislación aplicable. No podemos dejar que una asimetría de recursos económicos y humanos vaya a permitir que la Drummond se salga con la suya. Qué bueno que no se trate solo de multas, sino que se ponga en funcionamiento el ordenamiento penal para poner tras las rejas a los responsables directos de estos hechos.

Ya se ha avisado de una posible multa hasta casi 3 mil millones de pesos, muy bueno, si ello es factible, pues el mensaje que envíe el Gobierno en este caso debe ser perentorio, ejemplarizante y que permita de veras una reparación de los daños hechos.

Colombia no puede ser una despensa de unas compañías irresponsables. Colombia tiene que hacer valer su ordenamiento jurídico frente a empresas multinacionales que están acostumbradas a hacer lo que les plazca. No, la dignidad nacional y el cuidado de nuestro medio ambiente, exigen que en este caso se vaya hasta el fondo y se tomen medidas muy fuertes.

Por ello, las comunidades donde se centran estas compañías mineras deben montar de veras procesos y comités ciudadanos de seguimiento y auditoría. En un tiempo la Contraloría General de la Nación tenía un programa muy ambicioso sobre el particular. Tuve la oportunidad de participar en la veeduría ciudadana del Proyecto Miel I, y en ese entonces recibimos de la Contraloría Nacional el apoyo para realizar las tareas. No podemos permitir que unas empresas que ponen por delante su lucro vengan a hacer de las suyas. Colombia es un país respetable y un país que merece por parte de las empresas extranjeras un tratado respetuoso, moral y legal.