Cimbra el árbol de la justicia. Las últimas y esperadas decisiones de los fiscales pusieron a sangrar las heridas no cicatrizadas de unos pingüinos que, prevalidos de la arrogancia del poder, violaron descaradamente el Código Penal. Ellos -los delincuentes- utilizaron todas las estrategias para burlar las disposiciones de la ley. Se asesoraron de abogados con experticia en dilatorias rabulerías, le apostaron a la prescripción y, por último, en mezquina gavilla, pretendieron fusilar con calificativos insultantes a quienes ahora, como siempre, cumplen con su deber. Nadie faltó en esa bribona asonada. Autores intelectuales de rango presidencial, periodistas fletados, exministros campanudos, paniaguados agradecidos. Todos han recurrido a una tesis falaz: la justicia está politizada.
Cómo silenciar el desmadre de la moral en un gobierno que tras el señuelo de la reelección puso a sus áulicos a utilizar todos los medios, lícitos o no, para lograr su perpetuidad en la Presidencia de la República. El Secretario General Alberto Velásquez como su sucesor Bernardo Moreno, Sabas Pretelt Ministro del Interior, Diego Palacio Ministro de Protección Social, María del Pilar Hurtado Directora del Das, los parlamentarios -conejillos de laboratorio- Iván Díaz Mateus, Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, más Luis Guillermo Giraldo a quien le encomendaron adelantar un recaudo de firmas para implorar al Legislador la reforma de la Constitución a favor de la vehemente aunque disimulada aspiración del Príncipe, todos hicieron parte de esa procesión de ruegos, valorando como insignificantes los pisoteos de la legislación penal. Los investigados montaron en cólera, llegando, incluso, a comprar el indigno concurso de las aseadoras de la Corte Suprema de Justicia para colocar micrófonos ocultos que les permitieran enterarse de las deliberaciones del máximo órgano judicial. No solo eso. Fue tanta la miseria de los sindicados, que armaron un montaje con Tasmania, sombrío personaje del hampa, para calumniar gravemente a un magistrado instructor, comprobándose después que la infamia había sido urdida en las altas entretelas del gobierno. Peor aún: convirtieron el Palacio de Nariño en un nocturno prostíbulo de delincuentes.
La tempestad mediática de ahora tiene que ver con la Resolución Acusatoria contra Alberto Velásquez, Sabas Pretelt y Diego Palacios. Los tres fueron unos obedientes alcahuetes, que comprometían las burocracias a su mando para comprar la conciencia de los congresistas.
El delito de cohecho necesariamente es bifronte; uno ofrece y otro acepta los sobornos. Causa hilaridad escuchar a uno de los abogados anunciando unas pruebas para demostrar la inocencia de su defendido. La tesis es axiomática: Pretelt, Velásquez o Palacio pueden conseguir al más ingenioso penalista de la tierra. Desde ya se anticipa una verdad inexorable. Es absolutamente imposible probar la exculpación de estos funcionarios, o salvarlos por el resbaladizo terreno de la duda.
Las pruebas son escandalosamente palmarias. Palacio, Pretelt, Velásquez e incluso el Presidente, participaron en reuniones cuyo único objetivo era la venal comercialización del voto de unos cándidos legisladores, sorpresivamente transformados en personajes de la sórdida patraña. Para cancelarle a Yidis Medina la degradación de su conducta, designaron en Barrancabermeja en cargos públicos a Carlos Correa Mosquera, Juan Bautista Hernández, Sandra Patricia Domínguez, Lucelly Valencia, César Guzmán, Jairo Plata y Eduardo Esquivel. Los decretos 1.850 de julio 3 de 2005, 4.334 de noviembre 25 de 2005, y las Resoluciones 297 de junio 3 de 2004 y 1.950 de octubre 11 de 2005, son documentos contundentes del cohecho. 
Fue grosero el comportamiento de Pretelt con el voluble Teodolindo Avendaño. Negoció éste su ausencia en la noche en que se votaba en la Comisión Primera de la Cámara la reelección, a cambio de la Notaría 67 de Bogotá. Pretelt, por Decreto 4.262 de noviembre 23 de 2005, hizo nombrar para ese cargo a Camilo Omeara, comprometiéndose éste a darle al parlamentario, como criminal compensación gratificante, 450 millones. Alcanzó a abonarle 250. Descarado y repugnante delito.
¿Con estos alarmantes desafueros, cómo hablar de una justicia politizada?